EDWIN WINKELS
BARCELONA

Tienen la nacionalidad holandesa, según la Constitución. Aun así, podrán ser expulsados a sus islas, las minúsculas Antillas, en pleno Caribe, si tienen entre 16 y 24 años y no trabajan, ni estudian, ni están en Holanda por una reunión familiar o de vacaciones.
El criticado proyecto de ley es el último latigazo de la Dama de Hierro del Gobierno saliente, la ministra de Integración, Rita Verdonk. Justo en la semana en la que, tres meses después de las elecciones, se alcanzó un acuerdo para formar un nuevo Gobierno de centroizquierda en el que no habrá lugar para el partido liberal (VVD) de Verdonk, la ministra en funciones logró que el Gabinete aprobara su polémica propuesta. Ahora deberá pronunciarse el Parlamento.

Jóvenes pandilleros
“Se trata de un grupo muy específico. Si esos jóvenes realmente son criminales, si se pasan el día rondando por las calles y causan muchas molestias, llega un momento en que hay que decir basta y devolverles a su país”, afirmó la ministra para justificar su proyecto, “que no afectará a chicos con buenas intenciones que quieran venir a estudiar aquí”.
Las Antillas Holandesas son la última de las colonias que aún pertenece formalmente al Reino de los Países Bajos, después de que Indonesia (1949) y Surinam (1975) se independizaran. De esas seis islas – – tres ante la costa de Venezuela, tres cerca de Puerto Rico – – , Aruba logró una autonomía casi total en 1986. Las otras cinco perlas caribeñas son Curaçao, Bonaire, San Martín, Saba y San Eustacio. Las seis juntas albergan 283.000 habitantes, mientras que en la lejana y fría Holanda viven otros 129.000 antillanos.

Decisión polémica
“Esta medida no aporta ninguna solución. Además, es discriminatoria”, fue la reacción del ministro de Justicia de las Antillas, David Dick. “Es dañina para la imagen de Holanda de país tolerante”, añadió.
Verdonk urdió su plan a raíz de los múltiples incidentes y delitos protagonizados por los antillanos en las ciudades holandesas, donde a menudo forman pandillas. Las estadísticas de esta generación perdida no son nada alentadoras. Un 42,5% de los antillanos y arubeños de entre 15 y 24 años están en el paro, mientras que de los holandeses de la misma edad solo un 9% no tiene trabajo. Y de los antillanos entre 12 y 24 años, uno de cada nueve ha sido juzgado culpable de algún delito, según un informe de Justicia.
Además, en comparación con otros inmigrantes – – turcos, marroquís y surinameses – – , los delitos que cometen son más violentos. Y empiezan jóvenes a delinquir, según otro estudio, realizado en Rotterdam, ciudad que, con 20.000, tiene la colonia más grande de antillanos: de los chavales de entre 12 y 17 años, nacidos en las Antillas y emigrados con sus padres, uno de cada cinco acabó en el 2005 en comisaría.

Soluciones creativas
“Es un grupo muy problemático. Habrá que buscar soluciones creativas para enderezar su rumbo. También habrá que evitar una afluencia masiva de nuevos jóvenes desde las islas”, fue uno de los consejos de aquel informe.
Pero la ministra Verdonk ha querido ir aún más lejos, con la expulsión de los más molestos. El Consejo de Estado, que aconseja al Gobierno a la hora de redactar las leyes, criticó duramente el proyecto y avisó de que puede atentar contra el Tratado Europeo de los Derechos Humanos. Verdonk ha hecho caso omiso y se apoya en la opinión de la mayoría de los municipios: solo 3 de 22 ciudades consultadas se han mostrado contrarias al nuevo proyecto de ley.
Queda por ver qué actitud tomará el Parlamento. Con el cambio del reparto de fuerzas tras las elecciones, el Congreso ya echó abajo otro muro construido por Verdonk, quien quiso expulsar a sus países de origen a unos 25.000 refugiados que no habían logrado regularizar su situación. Algunos de ellos, incluso después de llevar ya ocho años en Holanda y con hijos pequeños o adolescentes. En diciembre, el Parlamento decidió conceder un “perdón general” a todos estos inmigrantes.