EFE, Las Palmas

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, reclamó ayer un cambio legal que impida decisiones judiciales como la absolución de los 18 tripulantes de un barco con 150 inmigrantes africanos abordado por las autoridades en 2004 fuera de las doce millas de jurisdicción española.

La Audiencia Provincial de Las Palmas se declara incompetente para juzgar a los tripulantes del “Conakry” por tráfico de personas porque el buque estaba a sesenta millas de la costa, fuera de la jurisdicción española. Ruano recordó que el Gobierno de Canarias y el grupo parlamentario de Coalición Canaria llevan meses reclamando sin éxito al Ejecutivo central que modifique el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los delitos de tráfico de personas puedan perseguirse fuera de las aguas jurisdiccionales, igual que ocurre con el tráfico de drogas.

El “mensaje claro” que se transmite a las mafias que trafican con personas con la absolución de tripulantes y patrones de barcos rescatados fuera de las 12 millas es que Canarias es una “vía abierta y fácil” para acceder a Europa, denunció Ruano. Esta decisión “consolida la jurisprudencia” y supone que no hay "sanción para los que trafican con personas.