Idoia Alonso Barakaldo.
Crece el número de extranjeras captadas por mafias para ejercer la prostitución en el estado, aunque sólo se denuncia el 1% de casos, al tiempo que el parlamento español ha decidido no regular el trabajo de estas mujeres
Las conclusiones de la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados sobre la regulación o abolición de la prostitución, a medio camino de ninguna parte, han expuesto la necesidad de reabrir un debate profundo en la sociedad acerca del mercado del sexo. Un sector que genera anualmente 18.000 millones de euros sin declarar, en el que ejercen o son prostituidas 300.000 mujeres y al que acuden una media de un millón de hombres al día. Moralidad, legalidad y los derechos fundamentales de las mujeres convergen en un mundo abonado al tráfico de personas con fines sexuales. Una práctica hermética y oscura de difícil solución.

Partidos políticos, las ONG, feministas, prostitutas, dueños de clubes de alterne, comunidades autónomas… Todos estaban expectantes a la recomendación que la Comisión Mixta daría el Gobierno acerca de la regularización de la prostitución en el Estado. Después de ocho meses de análisis, la conclusión a la que han llegado un centenar de expertos es que no hay conclusión. Las cosas siguen igual. El ejercicio de la prostitución es legal, los clientes no son penalizados y el mercado del sexo que genera anualmente 180.000 millones de euros continúa sin regularizar y en un limbo legal y social.

Para lo que sí ha servido la Comisión ha sido para determinar que la prostitución en el Estado, está íntimamente ligada al tráfico de mujeres. Así el documento final propone al Gobierno de Rodríguez Zapatero intensificar la lucha contra la actividad que desarrollan las mafias mediante la puesta en marcha de medidas más eficaces desde el punto de vista policial, judicial y fiscal. Del mismo modo se facilitará la reinserción de las prostitutas que deseen abandonar ese mundo con programas sociales y laborales.

Sobre el papel esta tarea parece sencilla, pero en la práctica, combatir el tráfico de mujeres es, hoy por hoy, una labor imposible ya que sólo se detecta el 1% de los casos. Según el último informe elaborado por la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el tráfico de personas con fines de explotación sexual es «un grave problema» ya que en los últimos años se ha experimentado un aumento de la actividad de los grupos organizados dedicados a la captación de mujeres sobre todo inmigrantes, que luego son prostituidas voluntaria o involuntariamente. Asimismo señalan que la ausencia de normas sobre la prostitución «facilita ese mercado humano», mientras que la vulnerabilidad de las mujeres que son explotadas dificulta la presentación de denuncias. El tráfico de seres humanos no está contemplado en el ordenamiento jurídico como tal, aunque sí las conductas que lo integran como la coacción, el lucro de la prostitución, tráfico clandestino con fines sexuales, así como los delitos contra la libertad sexual. Anualmente se practican en el Estado cerca de 120 actuaciones en este ámbito, de las cuales 30 corresponden a operaciones contra mafias que trafican con seres humanos.

La punta del iceberg

Las últimas estadísticas facilitadas por el Ministerio del Interior apuntan a que dentro de la demarcación de la Guardia Civil en la que 1.000 clubes de alterne desarrollan su actividad el índice de delitos contra la libertad sexual sólo suponen el 0,8% de los conocidos y la coacción a la prostitución, el 6%.

En términos absolutos, el estas cifras demuestran que los casos combatidos son sólo la punta del iceberg. A pesar de que únicamente se denuncia el 1% de los casos, el número de víctimas de las redes de traficantes ha crecido en los últimos años: de 672 en el año 1999 a las cerca de 20.000 de la actualidad. Se considera víctima a la mujer que ejerce bajo la coacción de las redes organizadas y la de un proxeneta o chulo, una figura en franca extinción ya que las mafias se están apoderando de este tipo de prostitución.

Rumanas o ciudadanas de los países del Este, brasileñas y colombianas son las principales víctimas de este tráfico con fines de explotación sexual. Según los últimos datos facilitados por Interior, 6.343 mujeres, el 34% del total, proceden de Europa; 10.905, el 58%, de América Latina; y 1.339, el 7,17% de África. El aumento de mujeres procedentes de países de la ex Unión Soviética, especialmente Rumania y Rusia, es una tendencia generalizada ya que el número de detenciones practicadas en los últimos años demuestra que se ha producido un incremento significativo de traficantes procedentes de Rumania. Los procedentes de este país (210), rusos (57), colombianos (127) y dominicanos (42) encabezan el ranking de traficantes o explotadores sexuales en el Estado.

Cómo operan las redes

Según la Guardia Civil, el modus operandi de las redes de tráfico de seres humanos se hace cada vez más tras una apariencia de mayor legalidad, cuando no en unas condiciones de absoluta legalidad. Las redes «cuentan con contactos en los países de origen dedicados a la captación de mujeres, establecen sistemas para la selección de las mismas, disponen todo lo necesario para su llegada a España, facilitan los medios económicos para ese viaje por vías aéreas o terrestres y organizan el desplazamiento desde los puntos de entrada en España hasta los locales de “trabajo”. De esta forma, las mujeres contraen una deuda que en algunos casos se formaliza ante notario, y “trabajan” para saldarla. Lo hacen en las plazas: hoteles, perfectamente legales donde se alojan algún tiempo realizando servicios sexuales en las habitaciones. Una parte del dinero sirve para pagar la habitación, otra para la red, otra para su casa y el resto lo guardan para salir de ese mundo.

La Policía Judicial señala que, al mismo tiempo, los procedimientos han ido ganando en «legalidad». Según explican, antes las mujeres llegaban engañadas desde sus países de origen con el argumento de que vendrían a trabajar como camareras o asistentes, y una vez en el Estado eran obligadas a trabajar en un club contra su voluntad. Ahora en cambio, parece que muchas de las mujeres captadas saben desde el principio que van a trabajar como prostitutas. De hecho, algunas se ofrecen a las propias redes de traficantes, llevadas por la miseria de sus países y por la idea de dinero fácil.

En el Estado la prostitución no es ilegal, pero tampoco está claramente reconocida como una actividad laboral. En el año 2003 se introdujo una modificación en el código penal con el fin de combatir el tráfico de personas con fines sexuales que penaliza cierta forma de proxenetismo: «Aquella que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma», con idénticas penas que en el supuesto de coacción.

Opinión pública

Sin embargo, esta penalización no parece afectar a los empresarios de los locales de alterne, quienes llevan años organizándose para conseguir la regularización de esta actividad, como vía para erradicar el tráfico y la prostitución de menores.Y muestra de ello es la condena que emitieron tras conocer la conclusión de la Comisión: «Supone una falta de sensibilidad y de responsabilidad por parte del Congreso (…) Va en contra de la opinión de más del 80% de los españoles».