NOELIA SASTRE
NUEVA YORK

Fíjense en el nombre de este juego: Encuentra al inmigrante ilegal. La frase podría ser otra de las polémicas consignas de los ultraconservadores Minuteman, esos grupos de ciudadanos estadounidenses a la caza de inmigrantes en la frontera con México. Pero esta vez, la noticia no llega desde el sur, sino desde Washington Square, el corazón de Manhattan, donde queda la Universidad de Nueva York (NYU), un centro alimentado con las costosas matrículas de alumnos de todo el mundo. Allí, la asociación de estudiantes republicanos se inventó el jueves un perverso juego.
Bajo sus reglas, los participantes debían encontrar a los universitarios repartidos por el campus, que escondían bajo la ropa una pegatina con las palabras Inmigrante ilegal. También había recompensa: un vale de 50 dólares (38 euros) canjeable en una librería cercana. Ganó Fraser Dachille, de 20 años, tras agarrar a otra alumna a las 16.30 horas. La hora no tendría importancia de no ser porque los manifestantes congregados en contra de la iniciativa consiguieron retrasar la pesada broma y despistar a los jugadores, poniéndose ellos la pegatina para demostrar que “todos somos inmigrantes”.

Tres inscritos
Dos horas después del inicio, solo tres personas se habían inscrito. La mayoría había acudido para protestar. A un lado de la plaza, una docena de organizadores. Al otro, 500 manifestantes con carteles: El racismo no es un juego, se leía en uno. Encuentra al pequeño estudiante republicano. Es un nazi en potencia, decía otro. “Solo pretendemos reavivar el debate sobre la inmigración ilegal. Lo hemos intentado por otros medios, como las mesas redondas, pero nunca ha venido tanta gente como hoy”, explicaba Sarah Chambers, presidenta del club republicano con 40 miembros activos y otros 400 en su base de datos.
“Sabíamos que algo así funcionaría. Puede que esto sea políticamente incorrecto, pero no es racista. Yo mismo soy nieto de cuatro inmigrantes ilegales”, apuntó el también republicano David Laska. Ambos se enfrentaron a las acusaciones de los manifestantes. “La idea de cazar a un indocumentado es asquerosa. Si quieren tener un diálogo honesto, hagámoslo. Pero en lugar de eso han montado este ofensivo e insensible juego”, se quejaba Dave Hancock, miembro de la asociación Estudiantes por un Cambio Radical. “No tengo palabras. Se han burlado de un tema tan complicado como la inmigración”, añadió indignada Dalia Yedidia, nacida en San Francisco y madre colombiana.
Tampoco le hizo ninguna gracia al presidente de la universidad, John Sexton, defraudado porque los jóvenes republicanos prefieran trivializar el asunto en lugar de debatirlo en serio. “Deberíamos dar un mejor ejemplo de lo que esperamos para este país”, sentenció. El codirector de estudios sobre inmigración, Marcelo Suárez, lo tildó de “ridículo ejercicio juvenil sin ningún valor”. Hasta el alcalde Michael Bloomberg se vio obligado a meter baza. “A veces, y este es un caso claro, los estudiantes no solo hacen cosas de mal gusto, sino sencillamente estúpidas. No voy a darles más publicidad de la que ya han tenido”. Porque eso sí, publicidad tuvieron. Y mucha.

Gran sonrisa
“Creo que ha sido un éxito. La gente está hablando del tema. Esto es la universidad, es momento para el activismo”, declaró Chambers con una sonrisa al medio centenar de medios que acudieron a la llamada del patético juego. “Para nosotros es una victoria. Se han manifestado muchos, pero esto no ha acabado todavía”, advirtió Yedidia, consciente de la importancia de un tema que levanta pasiones en EEUU. Porque en este país se podrían legalizar a 12 millones de indocumentados a través del programa de trabajadores temporales presentado por George Bush, cuyo Gobierno ha sido denunciado esta semana por grupos de defensa de los inmigrantes.
Piden el cierre de dos centros de detención en Texas y Pensilvania donde las autoridades separan a los hijos de sus padres, encerrados como si fueran delincuentes en la cárcel. Las familias retenidas no reciben ni cuidados médicos, ni comida adecuada ni educación, a pesar de las peticiones del Congreso por alojarlos en un ambiente familiar, no penal. El Departamento de Seguridad Interior opera 325 centros de este tipo en Estados Unidos. “Deberían ponerlos en libertad. Esta situación los está destruyendo”, clama el informe.