JORDI RIBALAYGUE
Líderes vecinales de Badalona alertan de la difícil convivencia al sur de la ciudad a causa de los pisos sobreocupados La opinión de Diego Justicia es rotunda: «Aquí la convivencia está rota». Justicia es el presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Roc, uno de los barrios de la periferia de Badalona que, junto a los de Artigues y El Remei, padece el fenómeno de los pisos sobreocupados desde 2003. La presión a los propietarios acabó por extender el problema a La Salut y Llefìà, donde el hartazgo estalló en las últimas semanas con manifestaciones contra los gitanos rumanos que ocupan los pisos patera. Mientras, al sur de la ciudad, las denuncias contra el hacinamiento se acumulan sin solución y, según los propios líderes vecinales, la concordia está minada.

Según el colectivo vecinal de Sant Roc, unas 100 personas marcharon del barrio en 2006; a su vez, se calcula que más de medio millar de vecinos abandonaron Artigues en 2004 y 2005. De acuerdo con fuentes vecinales, ciudadanos paquistaníes poseen cerca del 20% de las viviendas y han adquirido gran parte de las casas desocupadas para realquilarlas a altos precios a otros compatriotas, a inmigrantes rumanos y, en los últimos meses, a latinoamericanos. «La espantada ha incrementado la guetización de los barrios», señala Angel Vendrell, uno de los líderes históricos de Artigues. Por su parte, Justicia explica que, pese a la intermediación de las asociaciones con los inquilinos, las quejas son recurrentes: «A veces la situación es insostenible para los vecinos, porque los rumanos ni tienen agua ni luz y se aprovechan de la del bloque y, con alquileres de hasta 800 euros, tienen que robar por fuerza o pedir dinero en la calle».

Sin embargo, el Ayuntamiento cree que el peligro de ruptura no existe. «Se han vivido momentos de tensión, pero la mayoría de los vecinos rechazan las actitudes excluyentes», declara el concejal de derechos civiles, Jaume Vives (ERC). No obstante, Vives apunta que los pisos sobreocupados han derivado «en cierta medida» en expresiones xenófobas: «Se observan desde hace ya tiempo, pese a que no han implicado ningún brote peligroso, y, de las miserias y los miedos que las producen, hay quien se aprovecha para hacer política». Tras los acontecimientos de La Salut, ERC acusó al PP, con una implantación notable en la periferia de Badalona, de amparar su discurso en prejuicios racistas.

«La xenofobia se palpa en la calle y en las conversaciones», no duda en afirmar Vendrell, quien culpa a «propietarios paquistaníes» de alentar la degradación. «Con tantos pisos patera, esto acabaría en la caza del rumano y el paquistaní», sentencia Justicia, quien se niega a apoyar manifestaciones como las de La Salut. Asimismo, las asociaciones vecinales consideran que los 176 pisos patera que detecta la Guardia Urbana «no se corresponden con la realidad», en palabras de Vendrell. En 2005, la Asociación de Vecinos de Artigues localizó 85 pisos sobreocupados en el barrio, 21 de ellos en la misma calle.

Según datos municipales, los extranjeros que residen en Sant Roc y Artigues representan entre el 30 y el 35% de la población, una proporción similar a la de La Salut, aunque superior a la de El Remei (23%) y al distrito de Llefià (13,5%). El riesgo de la exclusión social y la llegada constante de población extranjera se une a la falta de equipamientos, uno de los lastres que arrastra el sur de Badalona junto al absentismo escolar y la marginalidad que pretenden combatir los proyectos de rehabilitación financiados por la Generalitat.

«Los pisos patera son también explotación de personas», añade Vendrell, que insiste en la responsabilidad de los propietarios de los inmuebles: «Han conseguido crear un conflicto a través de un negocio y a costa de los inmigrantes». En ese sentido, las asociaciones de vecinos de los tres barrios del sur de Badalona han presentado al Gobierno local una propuesta para controlar los pisos sobreocupados y presionar a los arrendadores. Entre las medidas formuladas, el plan insta a que el Ayuntamiento incremente los controles sanitarios, que las empresas inspeccionen el suministro de agua, gas y luz y que Hacienda investigue si los propietarios declaran los ingresos obtenidos por el alquiler.

Para Vives, hallar una respuesta no está aún en la mano de los municipios. «Hemos advertido de la escasa capacidad de los ayuntamientos para afrontar este caso», sostiene el concejal, «pero se trata de una situación incómoda porque a los vecinos no les sirve que los concejales se justifiquen con que faltan competencias». El Consistorio badalonés confía en que la nueva legislación del suelo amplíe la capacidad legislativa de las corporaciones locales y estudia ampliar las inspecciones e incrementar la colaboración con las compañías para investigar las anomalías en el abastecimiento debidas a los pisos denunciados.