Agencias

Washington. Cientos de familias de migrantes permanecen en centros de detención en Estados Unidos parecidos a prisiones y sometidos a severas restricciones y medidas disciplinarias, reveló este jueves un reporte.

El Servicio Luterano de Inmigrantes y Refugiados (LIRS, por sus siglas en inglés) afirmó que los inmigrantes detenidos en la frontera y en el país, así como los que piden asilo, son enviados a estos centros donde carecen de atención adecuada.

Además los indocumentados deben padecer una inadecuada atención médica, insuficientes oportunidades educativas para sus hijos y un limitado acceso a la alimentación, agregó el reporte.

“Esto es bastante perturbador porque pese al concepto de libertad que existe en el país, tenemos al gobierno deteniendo y privando de la libertad a gentes que no son criminales y que no presentan ninguna amenaza”, opinó el director de LIRS, Reston H. Deffenbaugh.

Estimó que lo sucede en dos centros de detención para familias operados por la Oficina de Inmigración y Aduanas sólo puede compararse con el confinamiento de miles de estadunidenses de origen japonés ocurrido en el país durante la Segunda Guerra Mundial.

“Otra razón por la cual esto resulta perturbador es porque va contra los valores familiares”, consideró Deffenbaugh en la presentación del reporte elaborado por el LIRS y la Comisión de Mujeres para Mujeres y Niños Refugiados.

El informe se realizó con base en las visitas efectuadas por investigadores al “Centro Residencial Don Hutto” en Texas y en el “Alberge de Cuidado Familiar Berks” en Pennsylania.

El documento resaltó que las condiciones penales en estos centros de detención “son claramente inapropiadas y perturbadoras”.

La coautora del reporte, Emily Butera, dijo que una de las imágenes más difíciles de asimilar fue la de infantes con uniformes de prisioneros “niños que son privados de aire fresco o de ejercitarse”.

El informe aseguró que en estos centros se les ha causado a algunos de los detenidos traumas sicológicos; mientras que hay mujeres embarazadas que no reciben atención pre-natal adecuada y mucho menos acceden al tipo de alimentos que su condición requiere.

Muchas familias se quejaron del limitado tiempo que tienen para consumir sus alimentos en las áreas de comedores, 20 minutos, y la prohibición que existe al menos en uno de los centros para poder llevar alimentos a sus celdas.

Butera recordó que durante su visita al centro de detención Hutto, uno de los guardias les comunicó sobre los insuficientes alimentos que disponen los detenidos para sus hijos.

Ambos centros albergan en la actualidad a más 400 personas, incluyendo niños, los cuales provienen de países de Africa, Asia y Latinoamérica.

Su confinamiento es resultado de una política adoptada en años recientes por el gobierno estadunidense con el propósito de “mantener a las familias unidas”.

En años pasados, la mayoría de los inmigrantes permanecía en libertad para trabajar y asistir a la escuela conforme sus casos se procesaban en las cortes de inmigración.

A partir del verano de 2006, el Departamento de Seguridad Interna puso fin a la política de detener y liberar a inmigrantes a quienes se les abría proceso de deportación, lo que dio pie a la creación de estos “centros residenciales”.

Ninguno de los detenidos en estas instalaciones está clasificado como criminal, pero a pesar de ello, bajo las nuevas políticas, los inmigrantes en proceso de deportación son forzados a vivir en instalaciones carcelarias y portar uniformes.

Michelle Brane, otra coautora del reporte, dijo que aun cuando la Oficina de Inmigración y Aduanas ha implementado algunos cambios después de la visita que realizaron a los dos centros, las condiciones imperantes dejan mucho que desear.

“Esperamos que ellos estén dispuestos a tomar algunas de nuestras recomendaciones, aunque dejaron en claro que cerrar Hutto la mayor de las dos instalaciones, está fuera de discusión”, dijo.

Otras recomendaciones incluyen implementar un sistema no penal para estos inmigrantes; institucionalizar medidas para liberar a estas familias, como libertad condicional o programas alternativos, y facilitarles el acceso servicios gratuitos de representación legal.