Por: Katiuska Vásquez
Un grupo de 20 niñas y adolescentes vivían custodiadas, indocumentadas y hasta encadenadas en locales nocturnos, tiendas de abarrotes y restaurantes hasta que fueron rescatadas fruto de los operativos que realizó en el último año la división de Trata y Tráfico de Personas. Sin embargo, sólo dos casos se resolvieron en los tribunales, contó el investigador de esa repartición Carlos Oporto.

Detrás de cada adolescente los agentes se encontraron con una red, que se asegura de mantener cautiva a la víctima a través del alquiler de una vivienda común y corriente de donde sólo salen custodiadas por jóvenes o hombres adultos, que simulan ser amigos de las muchachas pero en realidad tienen la tarea de controlar sus actividades y de proveerles los artículos de primera necesidad, como ropa o alimentos, añade la fuente policial.

Los pleitos familiares suelen marcar el principio de una vida contrapuesta con los juegos, libertad y protección que conlleva la adolescencia. La mayoría de las adolescentes proceden de hogares desintegrados o se caracterizan por tener un carácter rebelde que en algunos casos lleva a que sean las madres, quienes echen a su hija de casa.

Ya en la calle la adolescente busca empleo en las agencias, que se convierten en el espacio de los locales para reclutar a damas de compañía con uno de los engaños más comunes como el de llevarlas a otra ciudad a trabajar en tareas domésticas. Sin embargo, la oferta se diluye ni bien llegan al distrito prometido, donde son enviadas a locales.

Ese fue el caso de Carmen (nombre ficticio), quien fue encadenada y acusada de robar unas monedas en la tienda de su tía. La víctima, fue rescatada por la Brigada de Protección a la Familia, en una casa que está por el Cruce Taquiña. Su historia, llegó a los tribunales y se convirtió en el primer juicio en el que se aplicó la Ley de Trata y Tráfico de Seres Humanos en Cochabamba al sancionar a la tía a cinco años de prisión.

Aún así la aplicación de la nueva legislación es incipiente y a menudo desconocida entre los operadores de justicia: jueces y fiscales, dicen los investigadores y los promotores de la Campaña Contra la Trata. La desinformación sobre la Ley se plasma en la entrega demorada de los requerimientos, la retardación en el proceso y el escaso seguimiento a fenómenos potenciales de explotación como la migración.

Un segundo caso que se halla en puertas de un juicio es contra la administradora del local “5 Mentarios”, Ruth Coca, quien es acusada de explotar sexualmente a una adolescentes de 16 años de edad, que trabaja como dama de compañía. La víctima, debía beber con los visitantes del local para conseguir las fichas que reemplazan al dinero, para poder subsistir en una casa cercana al local, añaden las mismas fuentes.

Abandono y explotación laboral

La división de Trata y Tráfico y la Fundación Infante consideran que el abandono también es un delito, debido a que los niños extraviados son más vulnerables frente a las redes de trata de seres humanos. En su primer la Campaña registró 366 casos de abandono.

Otra de las nuevas formas de trata y tráfico es el uso de los niños en los conflictos familiares, especialmente, cuando se trata de padres separados en los que uno de ellos se lleva al hijo en común por una riña o para evadir el pago de pensiones.

La explotación laboral también está a la orden del día de la mano de algunos restaurantes de comida rápida que emplean adolescentes para hacerlos trabajar más de 15 horas al día. La división de Trata y Tráfico anunció que es probable que un tercer caso llegue a los tribunales, aunque eso de depende de los fiscales, pues existen elementos que acusan a un sitio de comida de rápida de explotación laboral de tres adolescentes.