Y. G.

MADRID. Gobierno y comunidades autónomas pactaron ayer, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, crear un grupo de trabajo para que en el plazo de seis meses emita un informe sobre el impacto de la inmigración en el sistema de financiación autonómica.

El consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, consideró ayer «urgente» que se comience ya a «barajar posibilidades reales» de poder comenzar a «mejorar» la financiación de las comunidades teniendo en cuenta el «impacto» que sobre las cuentas públicas tiene la inmigración, informa Ep.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, reconoció que su valoración del encuentro era «agridulce», ya que se ha reconocido la necesidad de tener en cuenta el impacto de la población inmigrante en los gastos de sanidad y educación. Sin embargo, apuntó que en la medida en que se dan seis meses al grupo de trabajo, durante este tiempo no se van a tomar medidas, con lo que se está perdiendo un tiempo valiosísimo para adaptar el modelo a las nuevas necesidades.

Según estos plazos, hasta después de las elecciones autonómicas no se pondrá sobre la mesa ninguna medida de reforma.

El Consejo de Política Fiscal aprobó también el plan de saneamiento de Galicia, así como la publicación del inventario de los entes de las comunidades autónomas. Según el acuerdo alcanzado, en junio de 2007, se publicarán simultáneamente el inventario de entes integrantes de la Administración General del Estado y de las comunidades. Respecto a la puesta en marcha de la nueva ley de estabilidad presupuestaria, se recordó que para el trienio 2008 – 2010 las comunidades tendrán que tener superávit si la economía crece más del 3%, equilibrio si el crecimiento se sitúa entre el 2% y el 3% y podrá haber déficit si el crecimiento es inferior al 2%. La ley permite un déficit adicional para inversiones.