Mario Guevara
Las personas que en el estado sureño de Georgia cometan delitos menores o felonías (faltas graves), y no sean ciudadanos estadounidenses podrían enfrentar sentencias en prisión más largas si es aprobada en la Cámara de Representantes la ley SB23.

La SB23 ya pasó el viernes en el Senado por votación de 50 a dos. Esta legislación tiene como blanco específico castigar a los inmigrantes indocumentados que se vean en problemas con la justicia.

Dicha ley autorizará a los jueces a preguntar si una persona que ha cometido un crimen es residente legal de los Estados Unidos antes de imponer su sentencia. La SB 23, que aún debe ser considerada por la Cámara Baja, también autorizaría al Consejo Estatal de Perdones y Libertad Condicional a hacer preguntas similares sobre el estatus legal a un reo antes de decidir si le otorgará la libertad condicional.

El senador republicano Chip Rogers, uno de los máyores detractores de los indocumentados, fue el patrocinador del proyecto, que fue respaldado por su colega John Douglas.

Rogers logró notoriedad al crear y promover la ley SB529, aprobada el año pasado por el gobernador de Georgia, Sonny Perdue, y cuyas estrictas cláusulas —que entrarán en vigor el 1.º de julio próximo— la han convertido en una de las leyes más severas en contra de la inmigración ilegal en la nación.

Esta nueva medida representa un revés para los extranjeros que carecen de un estatus legal y que por razones de conveniencia se han establecido en Georgia, ya que al ser arrestados por cualquier causa pueden enfrentar condenas más largas.

Esta nueva medida se une a otras como la aprobada la semana pasada que evitaría que personas sin documentos adquieran placas para sus vehículos en Georgia.

La propuesta de ley SB38, patrocinada también por el republicano Chip Rogers, fue aprobada por 50 votos a favor y ninguno en contra.