Bienestar Social atiende a 1.200 niños durante el último año,la mayoría procedentes de Marruecos, Rumanía y Argelia Menores enviados por sus familias para que manden dinero a sus países o para preparar una cobertura jurídica que en un futuro permita a sus allegados más cercanos trasladarse a la Comunitat.

Esta situación fue denunciada ayer tanto por la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, como por la fiscal coordinadora de menores de Valencia, Teresa Gisbert, tras una reunión en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El asunto es complicado. Por eso la consellera advirtió del riesgo de caer “en falsas polémicas y en demagogias”. “El menor que necesite protección la tendrá, pero el que no la precise tendrá que ser reagrupado con su familia”, afirmó tajante.

La situación de este tipo de menores preocupa –y mucho– tanto a la Fiscalía como al departamento autonómico. Ante este problema, acordaron establecer un protocolo de actuación que distinga los menores que necesitan estas medidas de los casos en los que deben ser reagrupados con sus familias.

De Miguel aboga por “una solución entre todos”. Y en ese todos incluye a la Delegación del Gobierno, a la que instó a “tener un papel fundamental” en estos casos. La responsable autonómica anunció su intención de reunirse con la Delegación del Gobierno –encuentro al que se sumó la Fiscalía– para perfilar este protocolo.

La fiscal coordinadora de menores, Teresa Gisbert, habló sin ambigüedades: “Hay que diferenciar entre los menores que quieren integrarse de los que envían aquí para conseguir dinero”. Además, “no tenemos nada claro que vengan voluntariamente”, añadió.

Cuando se detecta la presencia de un menor inmigrante, el joven pasa por un centro de primera acogida con el objetivo de poder estudiar su situación personal, social y familiar para adoptar las medidas de protección adecuadas. El propósito final –aunque muchas veces no puede materializarse– es la reagrupación familiar. “Es donde mejor está porque la familia da armonía y madurez”, comentó la consellera.

Para De Miguel hay casos clarísimos en los que el menor debería volver a su país: “Ellos mismos expresan que no quieren estar aquí”. En la misma línea opinó Gisbert, para quien se nota una gran diferencia entre los jóvenes que quieren aprender el idioma e integrarse y quienes han sido enviados para obtener dinero “o crear una situación jurídica que posibilite obtener un permiso de residencia”.

El interés del menor debe primar siempre sobre todas las situaciones posibles, pese a que los padres quieran enviarlos aquí “y quitárselos de encima”, subrayó Gisbert.

La consellera advirtió de los problemas que causa esta situación y adelantó que preguntará al Gobierno por qué no existe reagrupamiento familiar en el país de origen.

Durante el año pasado, la Generalitat atendió a 1.250 menores de otras nacionalidades a través de diversas modalidades como tutelas, guardas o acogimientos en centros y familias. Los menores proceden de numerosos países, pero destacan los marroquíes (291), rumanos (222), argelinos y ghaneses.

Los menores inmigrantes utilizan las mismas vías que los adultos para llegar a la Península y, en concreto, a la Comunitat. Los del Norte de África llegan en pateras al sur de España y desde allí viajan hasta la Comunitat. Los menores que proceden del Este de Europa suelen cruzar la frontera en vehículos particulares o autobuses.También desde el Centro de Internamiento de Extranjeros de las Islas Canarias se enviaron 15 menores a la Comunitat.

Los jóvenes de otros países reciben la misma atención que los españoles, pero además cuentan con otro tipo de programas que facilitan su integración social, cultural y laboral, procurando respetar al mismo tiempo su idioma, religión o hábitos culturales.

Nuevo plan de mejora

De Miguel aprovechó también su visita a la Ciudad de la Justicia para presentar un informe sobre cómo ha evolucionado el sistema de protección que ofrece la Generalitat. En la misma línea anunció un nuevo plan de modernización de centros valencianos que se desarrollará a lo largo de los tres o cuatro próximos años. La inversión rondará los 4,15 millones de euros.

La iniciativa pretende mejorar la habitabilidad de las dependencias ya existentes –no prevé la construcción de nuevos centros–, así como mejorar otros aspectos de las instalaciones que la consellera no especificó.

Aprovechando la proximidad de las elecciones autonómicas –27 de mayo– De Miguel no dejó pasar la ocasión para subrayar el esfuerzo de su departamento.

En este sentido, recordó que el presupuesto destinado a estos cometidos en 1995 ascendía a 13,5 millones de euros, mientras que, para 2007, es de 95,7 millones de euros, “puesto que se ha puesto en marcha todo un sistema de reeducación y se han incrementado los recursos”.

Además, también destacó el aumento de las plazas disponibles, con un incremento de un 300% desde 1996, al pasar de 1.539 a las 6.220 que existen actualmente.

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