La fiscal coordinadora de menores y la consellera de Bienestar Social alertaron ayer de una extendida práctica por la que se pretende aprovechar la llegada de menores inmigrantes para dar cobertura jurídica al posterior traslado de sus familiares. Las dos Administraciones acordaron ayer acordaron establecer un protocolo de actuación que distinga los menores que necesitan estas medidas de los casos en los que deben ser reagrupados con sus familias. De lo que se trata, obviamente, no es de negar ayuda a quien la necesite, sino de evitar una picaresca que además pone en peligro a los menores.