Agencias
Según han confirmado las personas que asisten a los inmigrantes en Mauritania y como recoge el colectivo en un comunicado, estas personas, en su mayoría de origen indio, están encerradas en un hangar del puerto de Nuadibú que se habilitó para unas horas. “No pueden ver la luz del sol y se está minando su moral y su estado de salud”, dicen en el comunicado.

“Nos avergonzamos de nuestro gobierno que miente al decir que salvaguarda los Derechos Humanos de estas personas cuando, además de mantenerlos en el océano mientras que presionaba y presuntamente sobornaba a Mauritania y otros países para desembarcarlos; en vez de darle una asistencia urgente según los convenios internacionales de salvamento marítimo; ahora los retiene, encerrándolos en condiciones inhumanas en el puerto de Mauritania mientras la tramitación de las repatriaciones se prolonga de forma imprevisible”, añaden.

Por ello, dicen unirse al comunicado de CEAR donde ha explicado que ha localizado a las 35 personas que fueron trasladadas desde el puerto de Nuadibú a la capital de Cabo Verde, Praia, en una comisaría de policía, “donde las autoridades no han permitido que sean visitados por un abogado”.

Se teme que estos ciudadanos subsaharianos vayan a ser devueltos a Guinea Conakry en las próximas horas, según un acuerdo firmado por España, Mauritania y Guinea, ya que según estima CEAR, si se produjera este traslado, el Gobierno español tendría ‘una corresponsabilidad en la devolución a Guinea de estos 35 ciudadanos’ que vulneraría el Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que ninguna persona puede ser devuelta a un país donde corra riesgo de ser sometida a tratos inhumanos.

“Consideramos que todo lo ocurrido a los cerca de 400 ocupantes del Marine I es responsabilidad del gobierno español por dar un trato inhumano y vejatorio a estas personas haciendo más trágica todavía la situación en la que se encontraban inicialmente”, explican.

“Por todo ello exigimos al gobierno que sean trasladados a territorio nacional y se les respeten y garanticen todos sus derechos. Por el trato que se les ha dado, desde que se localizaron en el mar, creemos que estas personas merecen que se les pida disculpas y se les garantice una atención sanitaria, psicológica, social y jurídica atendiendo a las necesidades particulares que cada uno de ellos requiera”, concluyen.