Madrid – Hernando es cubano, y antes que en en España ha vivido en varios
otros países. En algún momento del trayecto se sacó el título de abogado,
y quizá eso fue lo que lo salvó de caer en la trampa más común para
quienes llegan al país con ansias de convertirse en nacionales a toda
costa: la de los falsos gestores de «papeles». Su amigo R., colombiabo, sí
llegó a caer. Pagó mil euros por la gestión de un expediente que
legalmente no podía fructificar. Luego consiguió quedarse por arraigo.
«Hace un año y medio, cuando yo estaba regularizándome», explica Hernán,
«había cientos de estos despachitos que se dedicaban a estafar al
inmigrante», comenta. «Bastaba con ir a una cola y enseguida empezaban a
asediarte con publicidad o, con cualquier otra excusa, terminaban
proponiéndote llevarte las gestiones. Hay una tonga de estafadores por
ahí». Creía que habría mejorado, pero el otro día estuvo allí por una
cuestión del pasaporte y «todo sigue igual». El problema es tan grave que
las asociaciones colegiadas de gestores administrativos han comenzado a
tomar cartas en el asunto. En Madrid, la agrupación de Gestores ha
planteado a la administración un anteproyecto de ley que pretende «lograr
más seguridad jurídica en la tramitación de documentos, sin incrementar el
coste presupuestario de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, sin carga
tributaria para el contribuyente». Inmigrantes y tercera edad El
anteproyecto contempla mejoras en la atención a los inmigrantes, a la
tercera edad y a los discapacitados, así como la erradicación del
intrusismo profesional que se manifiesta en estafas a inmigrantes, engaños
a personas de la tercera edad, a usuarios de automóviles, a compradores de
vivienda y tomadores de crédito hipotecario no bancario, entre otros. «En
este país siempre hemos improvisado demasiado. Ponemos un semáforo cuando
ya ha habido diez accidentes», acusa Gonzalo Millán – Del Pozo, presidente
de la asocición en Madrid, «y ya va siendo hora de que lo regulemos bien».
Legalmente, los gestores administrativos son los únicos que pueden
gestionar documentos en masa. «Tenemos que tener una licenciatura
(derecho, económicas o políticas) y un examen posterior». Sin embargo,
«los ayuntamientos permiten el establecimiento de pequeños despachos que
no son verdaderas gestorías, donde trabaja gente que tan sólo ha hecho un
curso de dos meses y a veces a distancia». Hay, según Gonzalo, una
permisividad lindante con el delito en estos casos. «Te engañan», dice R.,
«te crees que lo van a conseguir. Luego no es así, porque en muchos casos
tu situación legal no lo permite, pero supuéstamente ellos ya han hecho su
trabajo. Se han comprometido a gestionarlo, no a conseguirlo».
Precisamente ésa es una de las diferencias con un gestor oficial y
colegiado, que sólo puede cobrar si ha conseguido terminar la gestión con
éxito. Además, los precios varían de manera abismal. «Nosotros cobramos
unos 300 euros por una regularización, y los estafadores se pueden llegar
hasta 3.000 y que eso no vaya a ningún lado». «Además lo alargan todo
hasta la eternidad y se inventan trámites que no existen», remata Hernán,
«es monstruoso… y hay bancos y empresarios metidos en la estafa». Según
los responsables de los gestores de Madrid, la figura es extremadamente
importante para el buen funcionamiento de la administración: «Gestionamos
el 98 por ciento de los papeles de tráfico, el 80 por ciento de las
gestiones fiscales y el 78 de las de seguridad social», comentan. «Sin
nosotros, necesitarían muchísimo más personal y todo sería un caos». Robo
a mano armada Sin embargo, en extranjería tan sólo se ocupan de un mísero
siete por ciento de las regularizaciones. ¿La razón? «No lo sabemos, por
eso le proponemos al gobierno que confíe en nosotros. De hecho, en la
última gran legalización nos pidieron nuestra ayuda, trabajamos gratis y
todo salió a pedir de boca», comenta Millán – del Pozo. ¿Por qué no continúa
entonces esa colaboración? Lo que parece claro es que no sólo se estafa a
través de pequeños despachos ilegales. F. es una mujer marroquí y fue
gente de su entorno la que le hizo concebir falsas esperanzas. «Aquí está
metido todo el mundo», dice Hernán, «españoles, extranjeros, bancos, todo
el mundo». Le duele que personas que han pasado por las penurias de la
emigración puedan ahora lucrarase a costa de sus compatriotas. El
presidente de los gestores opina de manera muy parecida. «Esto es una
sinvergonzonería y el Estado ha actuado muy mal. Esperamos que rectifique
y colabore. Saben que están superados por el tema y necesitan ayuda». No
le parece normal «que una persona que ya trabaja aquí legalizada necesite
ocho meses de trámites para reagrupar a su familia». Le parecen
«indecentes e inhumanas» las colas que cada día se montan frente a los
centros estatales de gestión de «papeles». Y añade que «todo esto es un
robo a mano armada a una gente que, al fin y al cabo, probablemente pague
nuestras jubilaciones».