La política del agua es otro de los grandes retos actuales de nuestro
país. Para el PSOE, el agua es un bien público, patrimonio común de todos
los españoles y, por tanto, todos tienen derecho a usarla de forma
racional evitando el despilfarro y su contaminación. Y por eso su
planificación y gestión debe hacerse de acuerdo al marco competencial
establecido en la Constitución, pero también atendiendo a los Estatutos.
«Así, el Gobierno de la nación tiene que garantizar el interés general a
través de la legislación básica, la actuación de las Confederaciones en
las cuencas intercomunitarias y la concertación con las Comunidades. Los
trasvases, según la propuesta socialistas, sólo deben plantearse como
última opción, si resultan «viables en términos económicos, ambientales y
sociales, y si su gestión garantiza el desarrollo adecuado de la cuenca
cedente, que tiene carácter preferente en el uso de sus aguas».
   En cuanto a la inmigración, el documento señala que las Comunidades
Autónomas participarán de manera cooperativa con el Estado en la gestión
de los flujos, preservando en todo momento las competencias estatales.
Ahora bien, el PSOE considera esencial que las Comunidades adopten las
medidas necesarias para reforzar los sistemas y servicios públicos ante el
aumento de la población, «una coherente política de codesarrollo
complementaria a la acción del Estado y una estrategia coordinada de
integración de la población inmigrante».