El Gobierno tiene previsto destinar en los próximos cuatros años algo más de 2.000 millones de pesetas a apuntalar bien los mecanismos de acogida e integración de los inmigrantes en la sociedad española. La educación, el empleo, los servicios sociales, la vivienda, infancia, mujer y participación serán las principales áreas de actuación.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007 – 2010, con el objetivo de hacer que los inmigrantes «se sientan parte de España», y los nacionales así lo perciban, explicó la vicepresidenta Fernández de la Vega.

La estrategia implicará a casi todos los ministerios en la tarea de adecuar las políticas públicas a las necesidades que plantea la presencia creciente de inmigrantes. Éstos serán sus principales destinatarios, pero también los nacionales. Se trata de fomentar la mutua aceptación, la convivencia, y de inculcar en los recién llegados el respeto a los valores democráticos e igualitarios occidentales.

También, de evitar el deterioro de las prestaciones de servicios sociales – sanidad, educación, etc. – por la afluencia de inmigrantes, con menos recursos y más necesitados de la asistencia pública. Los ciudadanos españoles «no pueden verse perjudicados» ni desplazados en este aspecto por la llegada de trabajadores de otros países, dijo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Acelerado

El número de inmigrantes ha pasado de los 900.000 registrados en el año 2.000 a los tres millones actuales. Los trabajadores extranjeros representan ya el 6% del total. Este crecimiento acelerado ha de gestionarse con tino por los poderes públicos, subrayó De la Vega, encargados de prevenir cualquier atisbo de discriminación, racismo o xenofobia, y de velar por la cohesión social. «Si hay cohesión social, si la desigualdad entre españoles e inmigrantes se reduce al mínimo, la convivencia será mucho más fácil», recalcó la número dos del Ejecutivo. Del total de recursos destinados al Plan, el 40% se destinará a educación; el 20% a acogida, y el 11% a políticas de empleo. Los ayuntamientos gestionarán el 40% de los 2.005 millones de euros de la estrategia.

Además, el Consejo de Ministros aprobó el procedimiento para autorizar la entrada, residencia y trabajo de extranjeros no comunitarios con alta cualificación profesional. Se trata de dar facilidades para que tanto el sector privado como el público puedan captar ‘cerebros’ en áreas de interés estratégico – investigación, técnica, economía, universidad… – y mejorar así la competitividad.