LOS casi cien policías españoles enviados a Mauritania para ayudar a 369 inmigrantes que llevaban dos meses dando vueltas por el mundo en un barco que ni siquiera había entrado en aguas españolas se pasaron tres días encerrados en una nave industrial, sin apenas comer, sin un lugar para dormir.
Mientras, los gobiernos de ese país, de Guinea Bissau, de Cabo Verde y hasta de la India se niegan a cooperar con el de Zapatero y marean a nuestras autoridades, en muchos casos hasta saltándose los acuerdos pactados con ellas previamente.Si eso es tener una política de inmigración coherente, un respeto hacia España en el ámbito internacional y un trato decente a las Fuerzas de Seguridad, que venga Zapatero y lo vea.

Después de los problemas creados en Canarias el verano pasado con la llegada masiva de cayucos, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un llamado “Plan África” que el ministro Moratinos llevó personalmente a la zona de ese continente de la que salen los cayucos y que nos ha costado millones de euros de ayuda prometida a cambio de que esas naciones nos ayuden en los temas de inmigración.

Bastante ha durado el Plan. Conseguir que el Marine I, ese barco negrero cargado de ilegales que se dirigía a Canarias, atracara en Mauritania costó 300 millones de euros más para ese país, aprobados deprisa y corriendo en el último Consejo de Ministros. Pero ni por esas. Todo lo conseguido es que Mauritania permita que sean policías nacionales quienes identifiquen a los inmigrantes, y aviones militares españoles quienes se los lleven de allí a otros lugares.

Casi todos van a acabar en Canarias porque Guinea Bissau ignoró el Plan África y se negó a dejar que aterrizara el avión que transportaba a 35 ciudadanos de ese país; Cabo Verde solo ha acogido a los suyos de forma temporal; la India tampoco acepta el traslado de sus nacionales y a Zapatero no le queda ya un aliado en el mundo mundial que colabore en su política de inmigración.

Luego, el episodio de los policías nacionales en Mauritania, enviados a ese país sin que el Ministerio de Interior les reservara habitación para dormir ni un sistema para garantizarles algo de comer supone la guinda de los despropósitos de esta política de inmigración. A la hora de la verdad, al Gobierno parecen preocuparle más los inmigrantes que los funcionarios públicos españoles.