Detienen en Colombia a seis congresistas por sus vínculos con paramilitares
Diario Vasco, 17-02-2007LA HABANA. DV. La Justicia colombiana ha ordenado el arresto de seis parlamentarios uribistas, entre ellos el hermano de la ministra de Asuntos Exteriores, María Consuelo Araújo, por sus «relaciones peligrosas» con los paramilitares. Con estos ascienden a 9 los congresistas asociados al escándalo de la ‘parapolítica’. Además, dos gobernadores están siendo investigados por el mismo motivo y la Fiscalía ha solicitado indagar también al padre de la canciller.
Los senadores Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof, fueron arrestados por un grupo especial de las fuerzas de seguridad la noche del jueves; Alfonso Campo y Luís Eduardo Vives se entregaron voluntariamente. Sólo Jorge Luís Caballero no está en prisión porque abandonó el país el 12 de enero.
El Congreso quedó conmocionado cuando el poder Judicial abrió, en diciembre pasado, la investigación contra los senadores. Y ayer la clase política colombiana reconocía el impacto político de la medida de la Corte Suprema. Al hermano de la ministra lo detuvieron cuando estaba sentado en la terraza de un restaurante en un centro comercial de Bogotá. Le imputan haberse entrevistado con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ – quien está preso en una cárcel de máxima seguridad – , de estar implicado en el secuestro de un político que le estorbaba en la carrera y aparecer en varios mensajes en el ordenador de ‘Jorge 40’.
Golpe a Uribe
Al gobernador del departamento norteño del César, Hernando Molina Araújo, primo de los hermanos Araújo e hijastro del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, también le abrieron una investigación por pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), – los escuadrones de la ultraderecha armada – y manejar grandes cantidades de dinero paramilitar, especialmente cuando fue titular del consulado de Guatemala, e incluso por sus nexos con un asesinato.
Según los analistas, los arrestos son un duro golpe para el presidente Álvaro Uribe, quién negoció con las AUC – autores de las peores matanzas y crímenes selectivos en las dos últimas décadas – la desmovilización de 31.000 paramilitares a cambio de beneficios judiciales y hasta el momento de redactar estas líneas no se había pronunciado sobre el tema. Otros, como el senador y antiguo ministro liberal, Rafael Pardo, consideraron que era «impresentable una canciller que tenga un hermano en la cárcel». La oposición acusa a Uribe, cuyo padre fue asesinado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1983, de fomentar el paramilitarismo en el pasado y actualmente de ser más blando con ellos que con otros grupos rebeldes del país.
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