LUIS IZQUIERDO – Madrid

Empezó hace casi dos semanas como un rescate de carácter puramente humanitario en alta mar y se está convirtiendo en una compleja crisis internacional en la que España ha asumido unas obligaciones muy por encima de las que establecen los tratados internacionales. Un protagonismo que une de forma indisoluble la imagen del Gobierno al todavía incierto desenlace de la crisis.

La primera llamada de auxilio fue emitida por la tripulación del Marine I en la mañana del pasado día 2. El barco patera se encontraba entre Senegal y Cabo Verde y notificaba que una avería lo había dejado, con 200 pasajeros a bordo, a merced de las corrientes. Las autoridades de Dakar se apresuraron a informar que carecían de los medios imprescindibles para el rescate y el buque de Salvamento Marítimo Luz del Mar puso rumbo a la posición del buque patera. El barco español tomó contacto con el Marine I y lo remolcó hasta al límite de las aguas jurisdiccionales del país cuyas costas estaban más próximas, Mauritania.

Hasta ahí todo correcto, pues un acuerdo marítimo internacional impone la obligación de auxilio a naves que se encuentran en peligro de naufragio. Ese mismo acuerdo establece la misión de aproximar al puerto más cercano al buque rescatado, explicó a La Vanguardia el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid Fernando Mariño. Los problemas surgieron ante el temor de las autoridades mauritanas de que los 369 inmigrantes se quedasen en el país, añadió Mariño.

El miedo a las consecuencias que podría tener para el futuro de la inmigración ilegal la imagen del Marine I arribando remolcado a algún puerto canario con cientos de asiáticos amontonados en la cubierta provocó la inmediata movilización del Gobierno español. Exteriores trasladó a Mauritania toda su artillería diplomática encabezada por Bernardino León, plenipotenciario número dos del Ministerio. La misión de León era cerciorarse de que los mauritanos aceptasen el desembarco costase lo que costase.

Mariño consideró que, a tenor de lo ocurrido, caben pocas dudas de que, desde el desembarco de los inmigrantes en Nuadibú, los responsables del Gobierno “están inventando sobre la marcha” ante la ausencia de normativa internacional que regule la hasta ahora impensable repatriación de inmigrantes ilegales desde un estado extranjero a una multitud de países.

Fruto de esa improvisación fueron enviados a Mauritania 130 policías a pesar de que allí carecen de jurisdicción. Desde el principio quedó fuera de toda duda que España pagaría la factura, pero la presencia allí de los agentes españoles sorprendió a propios y extraños. Como sorprendió que Exteriores se comprometiera con Mauritania a completar la identificación de 370 personas en cuatro horas, cuando ni siquiera en España puede hacerse en tan breve plazo.

Para Rafael Arenas, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, lo que ha ocurrido – la intercepción de inmigrantes en alta mar- tiene numerosos precedentes. Lo que transforma la situación en singular es la multiplicidad de nacionalidades a bordo del barco, lo que denota la gran movilidad en el nuevo mundo globalizado.

El caso más reciente, ocurrido el pasado verano tras rescatar un pesquero español a 51 inmigrantes al borde del naufragio en medio del Mediterráneo, concluyó con el reparto de los inmigrantes por toda Europa tras negarse Malta a que se quedasen en la isla.

A pesar de lo ocurrido en Malta, la postura del Gobierno sigue siendo categórica: todos los inmigrantes del Marine I serán repatriados. Pero la crisis aún no ha terminado.