15 de febrero de 2007

GUATEMALA, Guatemala (EFE).— El gobierno de Guatemala tiene previsto lanzar una campaña a nivel nacional para prevenir la inmigración a Estados Unidos, debido a los riesgos que corren los indocumentados, anunció ayer una fuente diplomática.

La campaña será impulsada por la Cancillería, sobre todo en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y El Quiché (oeste) y Escuintla (sur), presuntamente los lugares de donde emigran más guatemaltecos a Estados Unidos.

La viceministra de Relaciones Exteriores y encargada de velar por la situación de los inmigrantes , Marta Altolaguirre, explicó que en la campaña, cuya fecha de inicio no precisó, se darán a conocer los riesgos de emigrar sin documentos a EU.

Altolaguirre hizo un llamado a los guatemaltecos para que se documenten y conozcan los riesgos a los que se enfrentan en su recorrido y aun en EU.

Viajar de forma ilegal a EU le representa a un guatemalteco de entre 5,200 hasta 5,800 dólares, que consigue con préstamos o la venta de sus propiedades y muchas veces el ansiado “sueño americano” resulta en el abandono por los traficantes, la captura por las autoridades migratorias y las deudas.

El pasado jueves fue asesinado a tiros un guatemalteco, cuando unos desconocidos atacaron a un grupo de inmigrantes en Tucson, Arizona.

Las autoridades estadounidenses han endurecido su política inmigratoria y durante lo que va de 2007 han deportado ya a más de dos mil guatemaltecos, según los informes oficiales.

El año pasado fueron deportados de la Unión Americana más de 18 mil guatemaltecos.

De acuerdo con cifras oficiales, en EU se estima que residen 1.2 millones de guatemaltecos, el 60% de ellos en condición de indocumentados.

Según la diplomática, la campaña también incluirá a los consulados de Guatemala en EU, para que los guatemaltecos puedan tramitar sus documentos y estén plenamente identificados.

La situación de los inmigrantes será uno de los temas que abordará el presidente de Guatemala, Óscar Berger, durante la visita que hará al país el mandatario estadounidense, George W. Bush, el 10 y 11 de marzo próximo.

Dirigentes de organizaciones que velan por los derechos humanos de los indocumentados en EU han instado al gobierno de Berger a que demande al presidente Bush.