Edgar Gutiérrez /elPeriódico

¿Qué hace un país chico con recursos precarios para, no digamos proteger, al menos asistir a sus emigrantes que son blanco de abusos y humillaciones por donde pasan y a donde van? La necesidad de contar con una política migratoria de Estado vigorosa y eficaz dejó de ser opción, es necesidad ineludible. Tiene, es cierto, un fuerte componente humanitario, y está condicionado por compromisos internacionales y situación geopolítica. Pero el meollo es que el tema migratorio es clave para la gobernabilidad del país y por tanto debe ser elaborado como parte de una agenda de seguridad estratégica. Las razones básicas son estas. Sin la válvula de escape de la emigración, las condiciones sociales y económicas del país serían mucho más complicadas de lo que resultan hoy.

La presión sobre el empleo, los recursos naturales, los servicios y la demografía urbana sería en algunos lugares casi insoportable. Y visto en sentido positivo: los emigrantes contribuyen con el 10 por ciento del PIB, las remesas han sacado de la pobreza al 10 por ciento de hogares que las recibieron durante tres años consecutivos, y representan más del 60 por ciento de las exportaciones, con lo cual también estabilizan las cuentas económicas.

Los flujos migratorios se guían por la elemental regla de la oferta y la demanda en el mercado. Acá no hay capacidad de absorber la fuerza laboral ni canales efectivos de ascenso social. Y en EE.UU hay necesidad de esa mano de obra para disminuir sus propios costos de producción y servicios.

Desde ese enfoque la migración es un buen negocio para ambas sociedades. Entonces, ¿por qué tanta repulsa? Cuando el teórico Samuel Huntington publicó su ensayo ¿Quiénes somos? y señaló a la inmigración latina como causa de descomposición de la unidad cultural de EE.UU., estaba racionalizando los temores de ciertos estratos de población ante el rápido cambio del paisaje demográfico experimentado en las últimas dos décadas. Esa reacción a veces xenófoba tiene resonancias políticas como legislaciones más restrictivas y el incremento de redadas antiinmigrantes.

La asimetría de poder entre EE.UU. y Guatemala hace inviable cualquier acuerdo bilateral con alguna ventaja. Por tanto, debemos confiar más en acciones unilaterales como dotar de mayor capacidad y expandir los consulados. Pero eso, que será difícil sin presupuesto adecuado, tiene límites cercanos. La estrategia debe ser más diversa e incluye la promoción y participación activa en coaliciones transnacionales gubernamentales y no gubernamentales que aumenten el poder del cabildeo en el Capitolio y en los medios, y hagan políticamente visibles a los guatemaltecos –que ya exhiben una notable capacidad de organización– en EE.UU. Este es un momento delicado. El país está sufriendo una “operación de pinzas” en el Norte. No hay desertificación oficial, pero sí de facto y con costos más onerosos.