Madrid – La odisea del «Marine I» continúa. El traslado de la mayoría de
los inmigrantes sigue sin resolverse. 299 permanecen aún en Mauritania, 35
están en Canarias y otros tantos en Cabo Verde. El grupo que llegó en la
madrugada de ayer a Gran Canaria formalizó los trámites como solicitante
de asilo en la jefatura de Policía de Las Palmas.
   Los
extranjeros quedan ahora en libertad a la espera de recibir una resolución
que podría tardar meses en producirse. Su aprobación requiere de un largo
trámite burocrático y de un estudio individualizado de cada caso que debe
recibir el visto bueno de una comisión interministerial. Según la agencia
de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), 22 son ciudadanos de
Birmania, 10 de Sri Lanka y tres de Afganistán.
   El grupo de
otros 35 inmigrantes que fue trasladado el lunes a Cabo Verde, y que fue
rechazado por Guinea Conakry en un primer momento recibió, al igual que
los agentes, un «trato adecuado» que calificaron de «excepcional», según
informaron los policías que participaron en la operación y que anoche ya
se encontraban en Madrid. No obstante, Acnur se comprometió a hacer un
seguimiento de la situación de estos extranjeros.
   Ayer, un
portavoz de Exteriores detalló que estos 35 subsaharianos podrían ser
trasladados a Guinea Conakry cuando la situación política se estabilice,
ya que, supuestamente, éste fue el país del que partieron y el que debería
hacerse cargo de ellos.
   En el aire queda el futuro de los 299
inmigrantes que el Ministerio de Asuntos Exteriores trató ayer de
repatriar a Nueva Delhi. Un portavoz detalló que, aunque no existía ningún
acuerdo de repatriación con India, se estaba trabajando en uno puntual que
permita resolver la situación que se ha creado. No obstante, una de las
principales dificultades consistía en confirmar el país de procedencia de
los inmigrantes y documentarlos para que pudiesen viajar hasta el país
asiático.
   A última hora de la tarde, Exteriores informó de que
está previsto que se desplace a Noadibú la embajadora de India en
Mauritania, que tiene su residencia en Dakar. Su labor consistirá en
impulsar las tareas de identificación. Exteriores explicó ayer que
necesita «más tiempo» porque es una situación «compleja» debido a que
estas personas «proceden en su mayoría de una región con frecuentes
movimientos de población».
   Aeróbic y películas
   Del centenar de policías que se trasladó en un primer momento al país
africano ayer ya sólo quedaba una treintena de la Unidad de Intervención
de Valencia y un funcionario de la Comisaría General de Extranjería, según
informó la Confederación Española de Policía (CEP). Todos se encuentran ya
alojados en un hotel de Noadibú, después de las quejas de los sindicatos
sobre las condiciones en las que habían tenido que realizar su trabajo
«durmiendo sobre cartones, sin poder lavarse y realizar sus necesidades».
   Mientras se alarga la espera, la Cruz Roja y la Media Luna Roja organizan
actividades lúdicas para aliviar la espera de los 299 inmigrantes de
origen indio que permanecen en el puerto mauritano de Nuadibú, como clases
de aerobic «suave» y la proyección de películas. Según explicó a Efe un
portavoz de Cruz Roja, los inmigrantes están más relajados y su estado de
salud es bueno «en general», aunque siguen atendiendo a algunas personas
por diarreas, vómitos, tensión alta y mareos».
   Estas
organizaciones mantendrán en el puerto mauritano el dispositivo sanitario
y humanitario de asistencia hasta que finalice el traslado de los
inmigrantes, que «han mejorado su estado de ánimo y se encuentran más
cómodos, ya que pueden ducharse y asearse cuando lo deseen». «La espera se
hace larga», dijo la responsable de Cruz Roja.
   Quien criticó
ayer con dureza la intervención del Gobierno en la crisis generada por el
«Marine I» fue la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Su
vicepresidenta, Amaya Valcárcel, exigió al Gobierno que ofrezca garantías
para ejercer su derecho al asilo a todos los tripulantes del buque
«negrero» y censuró la actuación de España y la UE en la gestión de esta
crisis migratoria. Según explicó a Ep, esta organización pondrá sus
abogados a disposición de los 35 asiáticos trasladados a la isla de Gran
Canaria. No obstante, CEAR no ocultó su «gran preocupación» por la falta
de garantías jurídicas del resto de los extranjeros. «Estas personas
proceden de países donde se producen violaciones de derechos humanos y
desconocemos si han sido informados sobre la posibilidad de solicitar
asilo», destacó. La responsable de CEAR advirtió de que «Mauritania no es
el país más seguro para solicitar asilo» y criticó a España y al resto de
la UE por «subcontratar» a países del norte de África para que se queden
allí los emigrantes que tratan de llegar a sus fronteras. En este sentido,
apuntó que los tripulantes del Marine I «querían llegar a España y el
Gobierno los ha empujado a países como Mauritania o Cabo Verde, donde no
se les garantizan sus derechos».
   CEAR recordó el artículo 33 de
la convención de Ginebra, según el cual, no se puede obligar a una persona
a volver a su país si su vida corre peligro. Estas personas proceden de
Birmania, con una «férrea dictadura militar» donde se violan los derechos
humanos para las minorías étnicas o Sri Lanka, país que padece con un
conflicto armado en la zona Tamil y Afganistán, territorio con «problemas
de seguridad».