El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señalaba en una rueda de prensa las tres razones que habían impulsado al Gobierno español a tomar las riendas en la operación de salvamento y repatriación de los 372 inmigrantes, procedentes de Birmania, Cachimira, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona y Costa de Marfil,  bloqueados en el Marine I frente a las costas de África.

La primera, humanitaria, es perfectamente comprensible. España no podía contemplar sin hacer nada el drama de estos seres humanos hacinados en un buque herrumbroso y sin posibilidades de supervivencia en medio del océano.

La segunda, la de evitar que se produjera una nueva entrada de inmigrantes irregulares en Canarias, también puede ser entendida por nuestros lectores tras la crisis de los cayucos durante el año 2006.

La tercera, la existencia de obligaciones de derecho internacional para España en el salvamento de los inmigrantes puede resultar menos clara. ¿Por qué España y no cualquier otro de los países del África occidental, como Marruecos o Mauritania, más próximos geográficamente, o Guinea – Conakry, desde donde había salido el Marine – I, o los países africanos de donde procedían pasajeros del buque?

La explicación está en la propia naturaleza del Derecho internacional. Mientras que el derecho estatal cuenta con instituciones centrales de ejecución, como el gobierno, los tribunales de justicia y la policía, el derecho internacional es un ordenamiento descentralizado. Su ejecución corresponde a los sujetos obligados a cumplirlos, los Estados. Pero éstos no resultarán obligados del mismo modo sino en función de sus posibilidades.

Un gran teórico del Derecho internacional, el profesor alemán Erich Kaufmann, formulaba este axioma en los siguientes términos: «Nur der, der kann, darf auch», que se puede traducir al castellano como «sólo el que puede, tiene obligaciones».

España es el único país presente en el África occidental con capacidad para controlar este tipo de flujos migratorios y valorar a las víctimas del mismo. Al poder hacerlo, tenía también la obligación de salvar a esta gente. El Gobierno español lo ha hecho con generosidad pero también tratando de evitar, como lo formuló el propio Rubalcaba, que todo barco que se pierde frente a las costas de África acabe en Canarias.

El Gobierno español está resultando cada vez más eficaz en el control de los flujos migratorios.

Al hacerlo, cumple con altos criterios humanitarios y se atiene a los principios más fundamentales del derecho internacional. Los canarios somos, por otra parte, beneficiarios netos de esta acción del Gobierno.