I. L./MÁLAGA

El Área de Bienestar Social mantiene varias líneas de actuación con inmigrantes en riesgo de exclusión. La concejala responsable, Mariví Romero, asegura que los demandantes se han disparado en los tres últimos años.



¿Qué tipo de prestaciones existen para los inmigrantes en Málaga?

Las ayudas son de todo tipo, como prestaciones económicas y para el alquiler de vivienda. Se lo hemos ido concediendo a las personas inmigrantes porque reúnen todos los requisitos. Pero otros ciudadanos también requieren atención y con más fondos podríamos llegar a un abanico más amplio de necesidades. Desde hace tres años se han disparado los beneficiarios y la mitad ya son extranjeros. Otros municipios han optado por derivarlos a la Junta, pero nosotros no. Son personas que vienen a emprender una vida nueva y tenemos que tenderles la mano.

¿Existe un perfil definido?

Son mayoritariamente mujeres, de entre 35 y 45 años, con hijos a su cargo, con o sin pareja. Hay una feminización clarísima de la demanda. Están dando sus primeros pasos en Málaga y tienen necesidad, por ejemplo, de acoplar a sus hijos. Tampoco preguntamos si son legales, si tienen o no documentación, la ayuda no está supeditada a los papeles, porque es una prestación social básica.

¿Cuáles son los principales problemas a que se enfrentan?

Uno de los problemas más importantes es la vivienda. Desde Bienestar Social subvencionamos alquileres y el 70% son para extranjeros. Pero la Junta no tiene un plan de alquiler, que por ejemplo en Madrid sí existe. El Pleno ha aprobado una moción para que amplíe los recursos para los inmigrantes.

¿Cómo se financian estas ayudas?

El instrumento de financiación es el Plan Concertado, en el que participan el Ayuntamiento, la Junta y el Estado. Desde hace años el mayor porcentaje lo pone el Ayuntamiento, con un 60%. El 40% restante se lo reparten las otras dos. Sería necesario duplicar la cuantía actual, que es de tres millones de euros, para atender todas las necesidades. Existe una nueva realidad y no ha habido una adaptación desde el ámbito autonómico y estatal. El Plan de Inmigración autonómico tiene poco desarrollo, la respuesta debe ser más amplia, con más presupuesto.