Eileen Truax
TAYLOR, Texas.— El letrero de la entrada, que describe al centro de detención T. Don Hutto como “residencia familiar”, contrasta con los muros exteriores del edificio, altos, sin puertas ni ventanas, con tres capas de reja y malla ciclónica con puntas de navaja rodeándolo, que hacen que el sitio luzca, en efecto, como una prisión.

Estas instalaciones, que pertenecen a la empresa Correction Corporations of America, operan desde abril de 2006 como centro de detención para familias gracias a un contrato firmado con el gobierno federal de Estados Unidos. Aquí se encuentran inmigrantes presuntamente indocumentados de cualquier nacionalidad, excepto mexicanos (Other Than Mexican, OTM), esperando ir a los tribunales para enfrentar un proceso de deportación.

La innovación de este sitio es que a los detenidos se les permite tener con ellos a sus hijos menores de edad, a fin de promover la integración familiar; sin embargo desde el inicio de las operaciones del centro, diversos grupos de activistas han denunciado las condiciones en que viven estas familias, similares a las de una prisión, con los menores viviendo en un ambiente carcelario sin haber cometido delito alguno.

“Éste no es un centro familiar, es una prisión en la que las familias son recluidas en condiciones en las que se tendría a cualquier criminal, similares a las de un campo de concentración”, afirma Jay Johnson-Castro, activista del sur de Texas que forma parte de la Marcha Migrante y que encabeza la lucha por el cierre de este lugar.

Ayer por la tarde, la caravana de la marcha se sumó a una vigilia realizada frente a Hutto para pedir su cierre. “Nosotros nos dimos cuenta de que tienen a familias y a niños en esta prisión privada, vigilados por celadores”, denunció Rosa Rosales, presidenta nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), durante la vigilia.

“Les ponen uniformes de prisión con una etiqueta con su nombre; están en cuartitos de prisión; ellos creen que nos están haciendo un favor porque siempre pedimos que no separen a las familias, pero para mí es una vergüenza que en este país los niños sean tratados como criminales”, agregó. “Eso no es Estados Unidos”.

De acuerdo con Johnson, no ha sido posible obtener una relación de las nacionalidades de los 380 detenidos en el lugar, de los cuales más de 200 son niños; pero se sabe que provienen de más de 20 países, y que entre ellos hay al menos tres familias de origen palestino.

Debido a las denuncias por las condiciones en las que se tiene a las familias, las autoridades del centro de detención realizaron el viernes pasado un recorrido para los medios de comunicación. Sin embargo se prohibió a los reporteros el acceso con grabadoras, micrófonos y cámaras fotográficas o de video, y no se les permitió hablar con ninguno de los detenidos o sus hijos.

“Nos mostraron los salones de clases, el lugar donde se les da atención médica a los detenidos y uno de los cuartos”, relató a La Opinión Daniel Lai, reportero del diario local Taylor Daily Press. “Los cuartos son muy pequeñitos, con una litera, un retrete y a veces una cuna junto al retrete”, dijo.

Según Lai, aunque las puertas de los cuartos se encuentran abiertas de día, por las noches deben permanecer cerradas una vez llegada la hora de dormir, 9:00 p.m. para los niños y 10:00 p.m. para los padres. Si alguien atraviesa la puerta un rayo láser acciona una alerta para que los guardias acudan al lugar, aunque las autoridades aseguran que es por protección de los niños.

La Opinión buscó ayer establecer contacto con alguna de las autoridades del centro de detención, sin éxito. Los guardias de seguridad no permiten a nadie el ingreso, ni siquiera al área del estacionamiento, y la capitana a cargo, de apellido Page, aseguró que no había ninguna persona disponible para dar una declaración.

María Araceli Keisel, coordinadora juvenil de la Patrulla Fronteriza en el sector Del Río, quien se encarga de los menores de edad que son detenidos sin documentos, dijo hace unos días a La Opinión que las instalaciones de Hutto son únicas en su tipo y están a la vanguardia en los centros de detención.

“Es un sitio donde pueden estar con sus padres en lugar de ir a un hogar adoptivo, ahí los niños cuentan con educación, les dan atención médica y es como un centro de convivencia”, explicó la agente, aunque reconoció que si bien se busca que la estancia de los detenidos no sea mayor a los 90 días, en ocasiones se supera este período debido a la tardanza para tener una cita para ir a los tribunales.

Por su parte los activistas aseguran que la detención de las familias está representando un buen negocio para la empresa propietaria del centro. “Por cada persona detenida están recibiendo dinero”, afirma Johnson-Castro. Rosales añade: “Si de verdad les interesa la integración familiar, que dejen de darle ese dinero a la empresa, casi tres millones de dólares al mes, y que lo usen en poner a las familias en un hotel o en otro sitio donde los niños puedan tener una vida digna”.