Gardenia Mendoza Aguilar.

MÉXICO, D.F.— Durante tres años, dos muchachas veinteañeras de origen chino trabajaban 16 horas al día, algunas veces sin alimentos, y con salidas restringidas por su patrón, un empresario de Valle de Santiago, Guanajuato, quien las había contratado para trabajar en la maquila, hasta que una de ellas escapó y fue asegurada en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) en Durango.

Hasta ahí llegaron visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y personal de Sin Fronteras, una organización civil, que presta asesoría legal gratuita a migrantes, para descubrir que el empresario había retenido los papeles de las mujeres y había incurrido en trata de personas. Finalmente las mujeres fueron liberadas y se les otorgó un permiso de trabajo en México.

“El caso de estas chicas es un ejemplo de los muchos matices que tiene la migración y por qué se les debe escuchar”, dice Karina Arias, directora de difusión de Sin Fronteras.

“Sin embargo, estamos muy preocupados porque desde enero de este año no se está permitiendo dar asesoría legal a migrantes. La semana pasada no nos dejaron entrar en la estación migratoria de Iztapalapa, en el Distrito Federal”.

Instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias señalan que toda persona, independientemente del lugar en donde se encuentre, tiene derecho a ser asistido por un abogado.

La CNDH cuestionó el pasado 10 de febrero el trato que se da a los indocumentados en las estaciones de migración y secundó las quejas acerca de que personal de esos centros condiciona a horarios de media hora o días preestablecidos las visitas de abogados, así como a la autorización discrecional del jefe en turno.

El llamado de atención se suma a la primera recomendación del año, el 19 de enero, tras “comprobar” violaciones a las garantías de 199 indocumentados de diversas nacionalidades que permanecieron hacinados, sin agua, alimentos ni acceso a servicios sanitarios en celdas de la comandancia de Hermosillo y de la cárcel de Caborca, Sonora.

Organizaciones como la salvadoreña Rescate, que da asesoría legal a migrantes en Estados Unidos, considera que este tipo de medidas obedecen a la política de cooperación contra el desplazamiento ilegal que tienen los gobiernos mexicano y estadounidense. “Una forma de presionar es tratarnos peor que a criminales”, señala Salvador Sanabria, presidente de la asociación.

En el último año, Rescate recibió alrededor de tres mil quejas por violación a los derechos humanos por parte de autoridades mexicanas en estaciones migratorias del país en donde nunca se ha ofrecido ayuda legal ni de ningún tipo, aun cuando muchos de los indocumentados habían sido víctimas de bandas criminales que roban, secuestran o extorsionan.

“La información que el migrante daría a su abogado incluso podría servir como un servicio de inteligencia para combatir otros delitos que se cometen dentro del tráfico de indocumentados”, sugiere Sanabria, “pero sólo piensan en que es centroamericano y debe ser expulsado”.

Así, la lista de deportaciones es alarmante: de acuerdo con el INM la cifra de arrestos y repatriaciones de extranjeros que ingresaron sin documentos a territorio mexicano, mayormente en trayecto a Estados Unidos, pasó de 138 mil registrados en 2002 a más 300 mil en 2006. Este año suman detenidos 554.

Y la mayoría tiene sus lamentos: el año pasado el consulado guatemalteco en Ciudad Hidalgo, Chiapas, denunció que al menos 10 migrantes de ese país eran víctimas de extorsión en México y, si no podían pagarla, eran privados de su libertad e incomunicados.

En junio de 2005, 66 cubanos que se encontraban detenidos en la dependencia migratoria de Fortín de las Flores, Veracruz, hicieron una huelga de hambre en protesta por los malos tratos cuando las autoridades de migración intentaron repatriarlos sin ser escuchados.

También están los casos de personas que requieren protección especial, como mujeres embarazadas, personas con enfermedades graves, mutilados y niños.

“Esto no puede seguir así, todos tienen derecho. Y el migrante tiene que exigirlo, de una forma u otra”, dice Arias, de Sin Fronteras, “que denuncie una y mil veces”.