Senegal, protagonista indudable de los flujos migratorios del verano
pasado, es un buen ejemplo del constante «aprovechamiento» que los países
subsaharianos hacen de las buenas intenciones del Ejecutivo. En un primer
momento, Senegal se negó a firmar el Memorando de Entendimiento de segunda
generación porque le parecían escasas las contrapartidas económicas que
ofrecía España. El argumento era que si países mucho más pequeños con
menos emigración habían recibido entre 5 y 20 millones de euros, con su
inclusión en planes económicos, Senegal quería obtener mucho más. El
motivo, que casi el 100% de los emigrantes que salen de África lo hacen
desde su costa y que el 60% de los subsaharianos que hay en España tienen
esa nacionalidad. Finalmente, el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, se vio obligado a desplazarse a ese país para tratar
de impulsar los acuerdos de repatriación inmediata y de cooperación ya
firmados para atajar la inmigración irregular, con la contrapartida del
mantenimiento de una abultada ayuda económica. Además, España se
comprometió a crear una especie de agencia laboral para contratar
senegaleses en el país de origen.