Carmen Gurruchaga

Madrid – El ministro de Exteriores de Mauritania sabía lo que decía cuando
afirmó: «Hay ciertas concesiones que España debe cumplir para permitir el
desembarco de estos indocumentados. Y en ningún caso permitiremos que se
queden en el país». Dicho y hecho. Hasta que el Gobierno de Zapatero no ha
cumplido con los requisitos exigidos, éste no ha permitido la llegada a
puerto del «Marine I» con sus casi 400 inmigrantes a bordo, hecho que, por
fin, se produjo ayer, pese a que el Ejecutivo llevaba anunciando su
entrada desde el pasado viernes.
Lo positivo es que la mayoría de
los inmigrantes que ayer pisaron tierra mauritana están bien. Nada más
desembarcar fueron atendidos por los médicos, que tuvieron que trasladar a
seis de ellos al hospital ya que padecían casos más graves de disentería y
deshidratación. Unos metros más allá esperaban los aviones, – españoles,
por supuesto – encargados de la repatriación de los indocumentados, una vez
que sean identificados por los sesenta policías desplazados hasta Nuadibú.
El incremento de la ayuda que el Gobierno otorga a África, que en esta
Legislatura se ha multiplicado por tres, no ha servido para que los países
que la reciben actúen conforme a los compromisos adquiridos en
inmigración. Ahora el conflicto ha sido con Mauritania, con el que España
suscribió un acuerdo hace meses. Ayer fue con Senegal y mañana puede ser
con Gambia. Los países africanos se han acostumbrado a mantener con España
una relación pecuniaria. Es un pulso constante que España pierde y que
«por cuestiones humanitarias» acepta como mal menor.
Medidas urgentes
En esta ocasión, el secretario de
Exteriores, Bernardino León, se vio obligado a ir a Mauritania – en cuyas
aguas estaba el navío – y a Guinea Conakry – país de origen – para solucionar
el asunto. Un problema que no debía haberse planteado dado que, con ambas
naciones, España ha firmado, a cambio de ayuda económica y rescisión de la
deuda, un Memorando de Entendimiento para solventar las cuestiones
relacionadas con la emigración.
Ahora, León ha asegurado que
este caso no se contemplaba en el pacto firmado y de ahí la necesidad de
acomodar la situación al Derecho Internacional. Parece que también el
dinero ha podido jugar un papel primordial para permitir el desembarco de
los indocumentados. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó el viernes un
montante de 600.000 euros para Mauritania.
El «Marine I» fracasó en
su intento de llegar a Canarias y quedó averiado hace más de una semana a
1,5 millas de la costa de Mauritania. España se ha visto inmersa en este
asunto porque fue un avión de reconocimiento español el que divisó a los
inmigrantes que estaban a la deriva. Y, como es lógico, avisó. La misma
situación se vivió hace meses cuando el patrón de un pesquero español vio
un cayuco que naufragaba y lo socorrió a escasas millas de Malta. Con
estos antecedentes, adoptar posturas humanitarias en aguas internacionales
supone adquirir la responsabilidad de solucionar el problema. En ambos
casos, España ha tenido que recoger a la mayor parte de los expatriados y,
más tarde, devolverlos a su país. El Gobierno puso en marcha el año pasado
el denominado Plan África, destinado a ayudar a ese continente. Durante
2006, la ayuda española al África subsahariana alcanzó los 470 millones de
euros. Este ambicioso Plan nació para paliar el desafío que suponían «los
flujos masivos de inmigración ilegal».
Beneficios
recíprocos
Los nuevos acuerdos marco con varios países
africanos ponen en práctica un nuevo modelo de cooperación en el que, a
cambio de la colaboración en la repatriación de «emigrantes ilegales» o el
mayor control en su origen, se promete un incremento de la ayuda y las
inversiones. Mauritania forma parte del grupo de países de interés
prioritario por su importancia estratégica y su condición de país bisagra
entre el Magreb y la región africana occidental. En marzo de 2006, la
secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, visitó ese país para
convencer a las autoridades de que controlaran los muchos cayucos que
alcanzaban Canarias desde allí. España trató de poner en práctica
herramientas similares a las utilizadas con Marruecos para el control de
sus fronteras. Y según el Gobierno dio resultado, dado que los negreros
buscaron rutas alternativas. Si de Marruecos habían saltado a Mauritania,
su siguiente destino fue Senegal. Ahora también zarpan de Guinea Conakry.