(Lugar: efe | madrid)

Los 372 inmigrantes asiáticos y subsaharianos que se hallaban a bordo del buque Marine I desembarcaron ayer en el puerto mauritano de Nuadibú, donde recibieron atención médica antes de que se procediese a su identificación, paso previo para ser repatriados. Sin embargo, Naciones Unidas ha advertido que debe respetarse el derecho de asilo de los sin papeles que lo soliciten y ha enviado un equipo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) para coordinar y tramitar las peticiones con las autoridades locales.


Los inmigrantes, tras más de dos meses de travesía y una semana bloqueados frente a la costa mauritana, evacuaron el barco de manera ordenada y en grupos de 20, por lo que los últimos no pisaron tierra firme hasta esta madrugada, según explicó el jefe de coordinación de la Cruz Roja para África, Jaime Bara.


La operación de desembarco comenzó con los diecisiete inmigrantes que se encontraban en peor estado de salud, que fueron atendidos de inmediato por la Cruz Roja en un hospital de campaña instalado en el puerto. Los demás, custodiados por 60 policías españoles que se desplazaron a Nuadibú, recibieron alimentos y ropa de abrigo, y posteriormente pasaron a disposición de un representante de la Organización Internacional para las Migraciones para el reconocimiento de su nacionalidad.


Tres aviones españoles se encuentran en el aeropuerto de Nuadibú para repatriar a los inmigrantes una vez que concluya su identificación, en la que colaboran diplomáticos de la India, Pakistán y Guinea Conakry. Según las primeras informaciones, la procedencia de los 372 indocumentados se repartiría así: 305 de Cachemira (región fronteriza entre la India y Pakistán), 22 de Birmania, 10 de Sri Lanka, 23 de Costa de Marfil, 10 se Sierra Leona y dos de Liberia.


Desde España


La mayor parte de las repatriaciones se efectuarán desde territorio mauritano, y las que no se puedan realizar – bien por problemas de identificación, bien porque sus países de origen no acepten a los inmigrantes – intentarán llevarse a cabo desde España.


La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pidió al Gobierno que «asuma su corresponsabilidad» en el problema y asegure que se respeten los derechos de los afectados. La secretaria general de la CEAR, Amaya Valcárcel, exigió que «no se repatríe nada más bajar a tierra» a los inmigrantes, sin darles la opción de solicitar refugio, ya que «muchos vienen de países en conflicto, como, Sri Lanka o Guinea» y podrían tener derecho a pedir asilo político.