EDITORIAL

Tras 24 horas de confusión y no pocas contradicciones, el sábado por la tarde las autoridades españolas y mauritanas suscribieron un acuerdo para que el buque Marine I, con 372 inmigrantes irregulares a bordo, pudiera ser remolcado hasta el puerto africano de Nuadibú y sus pasajeros repatriados a sus lugares de origen: Cachemira, Costa de Marfil, Birmania, Sierra Leona, Sri Lanka y Liberia. La vicepresidenta De la Vega había anunciado el viernes que el acuerdo con Mauritania se había cerrado, pero parece que será hoy cuando finalmente puedan desembarcar.
La destartalada embarcación lleva más de una semana averiada y fondeada a 15 millas de la costa de Mauritania, después de dos meses de penosa navegación desde Costa de Marfil, sin que ningún país, en primer lugar Mauritania, quisiera hacerse cargo de los náufragos, pese a las pésimas condiciones sanitarias en que se hallan. España, que se ha comprometido a ayudar económicamente a ese país para que mejore su control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular, pagará los gastos de la repatriación y la ayuda humanitaria.
El ministro Rubalcaba justificó la actuación española por razones humanitarias, pues los intereses españoles y la legislación internacional no obligan a nuestro país a remolcar la nave hasta Canarias.
La lucha contra las mafias que trafican con seres humanos obliga a desincentivar los intentos de llegar a Europa por vías irregulares. Por muy doloroso que resulte, la repatriación de sin papeles es inevitable. Pero Europa solo podrá ir con la cabeza alta si, al mismo tiempo, facilita la inmigración legal y ayuda a los países subdesarrollados a salir de la pobreza en lugar de explotarlos.