EL infierno que han sufrido los 372 inmigrantes ilegales embarcados en el ‘Marine I’ ha vuelto a poner de manifiesto de manera dramática las dificultades del primer mundo para procurar soluciones adecuadas a la creciente llegada de ciudadanos de países subdesarrollados, cuya desesperación les impulsa a jugarse la vida. El acuerdo alcanzado para que el barco, a la deriva en su trayecto entre Guinea y Canarias, atraque en Mauritania y la mayor parte de su pasaje sea repatriado por España puede considerarse el desenlace menos traumático de los posibles. Con la particularidad de que ha obligado al Gobierno a protagonizar un gesto de autoridad ante la certeza de que nuevas expediciones tratarán de arribar a las costas españolas.

La situación degradante del ‘Marine I’ constituye un claro exponente del nuevo cariz que ofrecen las migraciones en un mundo globalizado: 337 de sus ocupantes indocumentados proceden de Asia y deberán ser trasladados a España para averiguar su origen. Las autoridades españolas han tenido que conciliar la inexcusable asistencia humanitaria, el resguardo de los intereses y la adecuación a la legislación internacional para dar con una salida que no resultara insolidaria pero que tampoco minara su firmeza. Una vez más, el Gobierno se ha encontrado solo en la protección de la frontera meridional de la UE, que no es otra que Canarias. El pacto logrado para el ‘Marine I’ no puede servir de coartada que justifique el desinterés de los socios europeos y la limitación de los compromisos y recursos comunes. La UE sigue mostrándose incapaz de dotarse de una estrategia compartida para hacer frente a la inmigración ilegal, mientras las tragedias humanas se suceden.