"El Siglo". MÉXICO: "Contra los migrantes indocumentados"
Por: Eduardo Valle
Prensa Latinoamericana, 11-02-2007A saltos, violaciones y asesinatos contra mujeres, niños y hombres mexicanos y centroamericanos se cometen en territorio estadounidense. Los responsables pueden ser bandas organizadas de criminales de nacionalidad mexicana, o de nacionalidad estadounidense, o “vigilantes de la frontera” en Arizona, muchos de los cuales también hablan español. Pero de sobra es conocido que a partir de Sasabe (Sonora-Arizona) quienes ingresan a territorio de EU se juegan la vida. Las víctimas: indocumentados; los responsables: no están localizados. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona y los sheriffs y policías de los condados involucrados todavía nada pueden decir con seguridad en relación con quienes cometen homicidios y graves crímenes en su jurisdicción.
El jueves en la mañana, cuando Janet Napolitano, gobernadora de Arizona, llegaba a la ciudad de México, tres hombres fueron asesinados cerca de la mina Silverbell, a 32 kilómetros al noroeste de Tucson; en el monumento Bosque de Ironwood. Otras tres personas fueron heridas y varias secuestradas por los atacantes. Conste: desde hace años Arturo Solís, defensor de derechos humanos, dio a conocer un dramático video, el cual analizaba en detalle la ruta que comienza en Sasabe. Aquí nadie puede llamarse sorprendido, menos Janet Napolitano.
Apenas unas horas antes de este múltiple homicidio, en una audiencia celebrada por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el legislador de Texas, John Abney Culberson, le decía a Michael Chertoff, el secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés; no confundir con la compañía DHL): hay áreas de la frontera en verdad muy peligrosas. Recuerdan, afirmó, una tierra de indios, “excepto que los indios tienen ametralladoras y teléfonos satelitales”.
Algunas organizaciones de contrabandistas han establecido puestos de observación en las colinas, donde vigilan las actividades de las agencias de la ley, incluyendo a las unidades de la Guardia Nacional. Algunas unidades de policía, afirmó, se muestran reluctantes a prender sus luces en la noche, por la presencia de observadores y contrabandistas armados.
En la noche del día anterior (miércoles 7 de febrero) 22.5 kilómetros al oeste de Sasabe, 18 inmigrantes fueron robados por cuatro asaltantes dotados de fusiles de asalto y máscaras. No están localizados, menos identificados.
El 28 de enero, en el condado de Pinal, cercano al de Pima, unos 80 kilómetros al noroeste de Tucson, unos bandidos atacaron un vehículo en el que viajaban 12 ilegales. Un hombre radicado en Eloy murió y uno de los inmigrantes fue herido. Los otros simplemente huyeron antes de que las autoridades llegaran al lugar. Para alivio de todos, la señora Napolitano advierte (Arizona Daily Star, 9 de febrero): “Los incidentes continuarán. a menos que nuestros gobiernos federales, nuestros gobiernos nacionales, realmente confronten de una manera profunda el movimiento de personas”. Por mientras pueden seguir ocurriendo las masacres; mientras las autoridades de procuración de justicia de Arizona buscan alguna pista que les pueda ayudar en la lucha contra los bandidos, los indios con ametralladora.
Por si fuera poco, el mismo miércoles, la señora Rice, responsable del Departamento de Estado, declaraba en otra audiencia de la Cámara de Representantes, también en Washington, que las autoridades mexicanas tienen que “hablar y actuar en el sentido de que las leyes de Estados Unidos deben ser respetadas” para evitar el paso de ilegales. Rice le recordó a la congresista demócrata de Arizona, Gabrielle Giffords, que el 23 de febrero sostendrá una reunión tripartita con los responsables de relaciones exteriores de Canadá y México y que el tema principal será la inmigración y la seguridad fronteriza (EL UNIVERSAL, 7 de febrero).
Así queda claro: mientras las autoridades federales y estatales de EU se lanzan la pelota, las masacres al estilo de la del Bosque de Ironwood podrán presentarse de nueva cuenta. Al fin se trata de sólo indocumentados, quienes “no respetan las leyes de Estados Unidos” (Rice); no son ciudadanos estadounidenses. Sólo son mexicanos y centroamericanos ilegales. ¿Por qué llegan a Arizona a violar las leyes de inmigración? Si se quedaran en sus casas no asesinarían a los hombres, no violarían a las mujeres ni habría asaltos a grupos de indefensos. Quedándose en sus casas no provocarían estos “incidentes” delictivos.
¿Ese es el mensaje del Departamento de Estado, del gobierno de Arizona y sus condados? Porque así de lejos parecería que entonan la misma canción que los indios con ametralladora: si no estuviesen aquí, no se les causaría daño ni se generarían “incidentes”. Mejor quédense en sus casas, en México o Guatemala. ¿Ese es el mensaje, implícito o explícito, de las autoridades federales y estatales de EU?; ¿vale para la reunión de la señora Napolitano con Felipe Calderón , Luis Téllez y Alberto Cárdenas?; ¿es el guión de la señora Rice para la reunión tripartita del 23 de febrero?
Porque de ser así (una masacre convertida en “incidente”; un continuo y sistemático e impune proceder de los bandidos, motivado al fin “porque se violan las leyes de inmigración de EU”), entonces estaríamos retrocediendo un siglo en el diálogo binacional en relación con esta compleja materia.
Si los indios con ametralladora sean mexicanos o estadounidenses piensan que todavía tienen un largo trecho por recorrer y otras masacres como la del Bosque de Ironwood son posibles (mientras los federales y los estatales de Arizona se ponen de acuerdo sobre quién paga la cuenta, y a qué hora encienden las luces), entonces el gobierno de Felipe Calderón tiene en sus manos una decisión ejemplar: hacerle saber a las señoras Rice y Napolitano que ese no es un comportamiento de socios, amigos y vecinos. Simple: resulta inaceptable, en términos absolutos y relativos, la impunidad de los bandidos o los indios con ametralladora, a la hora de cometer viles ataques como los del Bosque de Ironwood. No se trata solamente de que el cónsul en Tucson demande con razón a las autoridades locales una investigación. Se trata de decirle a Washington y a Phoenix que no se permitirá, sin costos, un antecedente de este tipo.
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