El millón de personas que, según los estudios, se prevé que llegarán a Catalunya hasta el año 2020 representan una oportunidad única. El Govern quiere dar un paso más allá de lo que ha hecho hasta ahora en la materia y pretende sacar mayor y mejor partido de la inmigración. Para ello se ha puesto como objetivo mejorar la atención en la acogida a los recién llegados para detectar a inmigrantes con estudios superiores o cualificados profesionalmente, en la creencia de que los que llegan a Catalunya forman parte de las clases más emprendedoras y con más arrojo de sus respectivos países. El objetivo de la Generalitat es que, gracias a la detección de ese talento, todos – – la economía catalana y los propios inmigrantes – – salgan ganando.
En Catalunya, el porcentaje de inmigrantes que se encargan de los trabajos más duros y peor pagados es mucho mayor que el de la población autóctona. Y según la Encuesta de Población Activa (EPA), sin embargo, la diferencia de formación entre unos y otros no es, en absoluto, tan acusada.
Eso significa que hay muchos recién llegados con un titulo universitario o una cualificación profesional en el bolsillo que en España ejercen trabajos para los que no se requiere apenas preparación. El reto es hallarlos nada más llegar, como sucede en Finlandia, y ayudarles, por ejemplo, a tramitar la homologación de sus títulos o bien a encontrar un empleo acorde con sus capacidades.

PETICIÓN EMPRESARIAL
Las patronales empresariales han demandado de forma reiterada que se cree una vía rápida de admisión de los inmigrantes con cualificación, especialmente por el bajo índice de jóvenes que optan en Catalunya por los estudios de Formación Profesional (FP).
La iniciativa legislativa, según ha podido saber EL PERIÓDICO, plantea la primera acogida a los inmigrantes como un derecho universal voluntario que estos tienen, es decir, al mismo nivel que la educación y la sanidad. Para ello deberán acreditar la residencia en algún municipio catalán mediante su inscripción en el padrón, independientemente de si tienen o no papeles. Se trata de una extensión de los derechos a la llamada “ciudadanía residente”, es decir, a todos aquellos que viven en Catalunya, como recoge el Estatut.
La ley de acogida – – toda una novedad en el ordenamiento jurídico – – basará su programa de actuación en tres pilares básicos para ayudar al inmigrante en su aterrizaje en Catalunya. Siguiendo el modelo de países con larga tradición en la recepción de extranjeros, la principal es la lengua, entendida como la primera herramienta que precisa el recién llegado. Los otros dos pilares son las nociones sobre la sociedad donde llega y sobre el entorno laboral, entendido este como una guía para moverse en el laberíntico mundo de los permisos de trabajo.
El objetivo del servicio, en cuanto a la lengua, es conseguir que los inmigrantes tengan las mismas competencias básicas en los dos idiomas oficiales, catalán y castellano. Sin embargo, y amparándose en el Estatut, cuyo artículo sexto define al catalán como la lengua preferente de las administraciones públicas y la normalmente usada como vehicular y de aprendizaje, lo que se enseñará será catalán.

LENGUA FRANCA
La razón que baraja el Govern es que, con las escasas horas – – aún por determinar – – con que contarán los cursillos de catalán, los recién llegados apenas conseguirán nivelar los conocimientos de castellano, lengua franca en el entorno de los inmigrantes. Esta afirmación viene remachada por un informe del Consell Assessor de la Inmigració: “La experiencia muestra que aquellos que recibieron su formación en catalán dominan después el catalán y el castellano”, mientras que los que lo hicieron en castellano, fallan en catalán.
Es decir, la intención es trasladar a la acogida de inmigrantes los principios de la inmersión lingüística de las escuelas. La voluntad, asimismo, es que tras los pertinentes cursillos, los participantes consigan un título oficial de su nivel de catalán, reconocido por la Administración y por las empresas, que allane el camino de la búsqueda de trabajo.
En cuanto al conocimiento de la sociedad catalana, la Conselleria d’Acció Social prevé formar a los inmigrantes en el ordenamiento jurí –
dico catalán y español y en el respeto a los derechos humanos, la democracia y la igualdad de sexos. Ade –
más, se les darán nociones de historia, geografía y cultura catalana.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
La atención a la persona que reciba el programa, según pretende el Govern, deberá de ser personalizada en función del pie con que cada uno renquea más. Así por ejemplo, si el recién llegado viene con un contrato de trabajo en el bolsillo, la pata laboral será más ligera. Lo mismo que si el inmigrante llega a Catalunya con unos conocimientos previos de catalán – – por ejemplo, familiares de exiliados catalanes – – , sus conocimientos le convalidarán esa parte de los cursillos. Los criterios sobre los que se basará el itinerario formativo del inmigrante serán la edad, el origen, la religión, el sexo, la capacidad personal y su formación profesional.
En un futuro, la intención es designar para cada participante en el programa una especie de cicerone, pagado por la Generalitat y de su misma nacionalidad, que le ayude a resolver sus dudas y que actúe como un modelo a seguir.

VOLUNTAD DE ARRAIGO
Más allá de la propia formación, Acció Social prevé que la participación, siempre voluntaria, en este programa de acogida suponga otros beneficios para los inmigrantes. Una de las formas que se baraja es dar una acreditación que pueda tener valor jurídico en los diferentes procesos administrativos en los que se hallan inmersos los inmigrantes. En no pocos de estos procesos, por ejemplo el de la petición de la nacionalidad española, se pide demostrar la voluntad de arraigo, algo que encaja plenamente con el querer participar en un programa de acogida.