La frontera norte de México es una trampa mortal para miles de migrantes que cada año cruzan la línea divisoria en busca de mejores oportunidades de vida. De acuerdo con la American Immigration Law Foundation (AILF), las políticas estadunidenses de control de la migración ilegal con base en un enfoque policiaco y represivo han provocado que el flujo de indocumentados se desvíe de las zonas urbanas a terrenos desérticos y peligrosos, lo que se ha traducido en un número de muertes muy superior a las registradas en el muro de Berlín durante sus 28 años de existencia. Pero esta terrible situación no es responsabilidad sólo de Estados Unidos: de hecho, revela la reiterada incapacidad de los gobiernos mexicanos para crear los empleos que el país necesita y así acabar con la pobreza y marginación de buena parte de su población.

La muerte de migrantes es ya una “crisis humanitaria en la frontera”: desde 1995, entre 2 mil y 3 mil cadáveres de hombres, mujeres y ­más grave aún­ niños han sido encontrados en esta región, sobre todo en el estado de Arizona, donde se han consignado al menos 300 fallecimientos en 2006. Peor todavía, estas muertes constituyen un lamentable fenómeno en crecimiento, tendencia que, según la AILF, se mantendrá en el futuro: antes de la aplicación de mayores medidas policiacas en la frontera (1990-1999), el servicio forense del condado de Pima, sur de Arizona, recibía unos 14 cadáveres de indocumentados al año: ahora, esa tasa es de 160 cuerpos, con un aumento importante de muertes de menores de 18 años. Como denunciaron Efraín Galicia y Armando Bolaños, integrantes del Frente de Mexicanos en el Exterior, se trata de un migranticidio ­silencioso, además de todo­ en el que han incurrido los gobiernos de ambas naciones.

Estos decesos se incrementan debido a la acción de los traficantes de personas, de bandas de asaltantes de migrantes, de grupos xenófobos y racistas estadunidenses, e incluso a los excesos de la Patrulla Fronteriza: el jueves pasado, cuatro hombres armados dispararon contra una camioneta con siete indocumentados, de los cuales tres resultaron muertos. Y el pasado 13 de enero, otro migrante fue abatido a tiros por la Patrulla Fronteriza. En total, ambos gobiernos han reconocido unos 400 homicidios en la línea divisoria.

Por un lado, estas muertes apuntan a la imperiosa necesidad de que Estados Unidos adopte una reforma migratoria integral que considere sus requerimientos de mano de obra migrante, los procesos de globalización entre esta nación y el resto de América Latina, y la cancelación de la vía represiva para abordar este problema.

Por el otro lado, esta enorme mortandad refleja la incapacidad de las autoridades mexicanas para generar los empleos que el país necesita, lo que a su vez es “resultado inobjetable de la pésima conducción económica en los regímenes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional”, tal y como señaló el diputado por Convergencia José Manuel del Río Virgen: tan sólo en Chiapas, unos 50 mil ciudadanos abandonan el estado cada año y las remesas a esta entidad crecieron 600 por ciento durante el sexenio de Vicente Fox. Asimismo, el alto índice de muertos evidencia la falta de voluntad del gobierno mexicano para proteger a su población, más preocupado por mantener intactos sus vínculos políticos y comerciales con Washington.

Ante esta problemática, es indispensable exigir al gobierno federal adoptar un enfoque más decidido y pragmático para defender a sus ciudadanos con base en acuerdos y consensos bilaterales que consideren el respeto a los derechos humanos de los migrantes, así como una política más efectiva de fomento al empleo y la producción nacional que privilegie los intereses de México. En ese contexto, la meta no es sólo impedir más muertes en la frontera sino alcanzar un nivel de desarrollo que ponga fin al mortal éxodo de los trabajadores mexicanos.