El Gobierno español se ha propuesto estrechar las relaciones con Ecuador.
La visita de tres días al país que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, inició ayer es un indicativo del interés por ahondar la colaboración con un país de donde proceden más de medio millón de inmigrantes.

Caldera ultimará la apertura de una Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en las dependencias de la representación diplomática española para agilizar el sistema de contratación en origen.

La iniciativa estará acompañada de un programa de formación para potenciales inmigrantes. Esto permitirá que las empresas que no encuentran mano de obra en España reciban ayudas económicas por parte de la Administración para emprender talleres de capacitación, si se comprometen a contratar a al menos el 60% de los extranjeros formados.

Caldera defendió la inmigración legal porque de lo contrario “se corre riesgo de rechazo de la sociedad de acogida”. “No estaríamos haciendo un buen servicio si un ciudadano español pierde ayudas sociales por que las obtenga otro ciudadano inmigrante”, subrayó.

España tiene un límite que no es otro que el que determina el mercado laboral. Cálculos del Gobierno español estiman que la Península absorberá este año 180.000 trabajadores (27.034 a través del contingente; 92.000 vía contrataciones nominativas; y, 61.000, en calidad de temporeros). En este sentido,el Ministro advirtió que no se consentirá la “entrada ilegal” de personas.

El mensaje va dirigido a las decenas de ecuatorianos que en estos días franquean las fronteras españolas con pasaporte boliviano falso, antes de que el 1 de abril la Unión Europea exija visado de turista a los ciudadanos nacidos en ese país.

Luego de la estabilización de los flujos migratorios, “nuestra prioridad insistió Caldera es la integración”. Precisamente, la próxima semana se aprobará el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración con una dotación de 2.000 millones de euros, ($ 2.600 millones).

Respecto a la actualización del acuerdo bilateral de Seguridad Social vigente desde el 1 de julio de 1 975, Caldera suscribirá un convenio complementario para mejorar las prestaciones que reciben los emigrantes españoles, que no supondrá un gasto para las arcas públicas ecuatorianas.