La visita a Euskadi de la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, duró menos de 24 horas. Sus consecuencias, en cambio, colearon hasta mucho después. No es para menos. En una entrevista a DEIA, la representante del Ejecutivo socialista acusó a las instituciones vascas en general, y al Gobierno vasco en concreto, de ser «de los más insolidarios» por su falta de cooperación en la acogida a menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias. Las Administraciones vascas, en cambio, niegan a la mayor. Es más, aseguran que el número de plazas para jóvenes extranjeros tutelados en Euskadi está sólo por detrás de Canarias, si se tienen en cuenta los porcentajes sobre la población total. También en cifras globales el País Vasco está a la cabeza ya que sólo el archipiélago canario y Andalucía tienen habilitadas más plazas que las tres Diputaciones vascas.

De esta manera respondieron a Rumí tres de las cuatro instituciones aludidas. Sólo la Diputación alavesa guardó silencio.

Desde el Ejecutivo vasco, el director de Inmigración, Roberto Marro, cuestionó las palabras de la secretaria de Estado de Inmigración, a la que reclamó una «radiografía de la situación real actual». «No se puede hacer demagogia considerando insolidario a Euskadi, que acoge a más de cuatrocientos menores, cuando otras comunidades sólo han recibido a diez desde que Canarias solicitó ayuda», lamenta.

Vuelve a insistir en la necesidad de trasladar esta polémica a la Comisión de Infancia donde están representadas las Diputaciones vascas, en lugar del Consejo de Inmigración en el que se dirime este asunto hoy en día, sin representación foral.

Aprovecha, además, para denunciar la «absoluta falta de voluntad política» del Gobierno socialista a la hora de «resolver los problemas derivados de la llegada de miles de inmigrantes a la Comunidad Canaria». En este sentido, el Departamento dirigido por Madrazo se queja de que la respuesta de Madrid sea «blindar las fronteras y condicionar acuerdos de cooperación con países del África subsahariana a la admisión de repatriaciones».

Finalmente, el Gobierno vasco se pregunta por qué Consuelo Rumí no aprovechó su paso por Euskadi para reunirse con las Diputaciones para resolver la situación de los jóvenes extranjeros. «Se ha limitado a asistir a un foro organizado por el PSE, foro que aprovechó para tachar de insolidarias a la sociedad vasca y a sus instituciones y para hacer un uso partidista y electoralista de la inmigración».

Ayuda, como en Canarias

El malestar era también patente en las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa. A primera hora de ayer, la institución foral vizcaina ya había colgado en su página web una rotunda respuesta al Gobierno de Zapatero.

En la nota, el diputado de Acción Social, Juan María Aburto, habla claro: «Demandamos la misma ayuda que Canarias para atender a menores inmigrantes». Para justificar esta petición, recuerda que el número de plazas ocupadas por este colectivo en Bizkaia suma 470, lo que supone un incremento de 128 menores en un sólo año. «Estamos desbordados desde el año 2001 y no hemos recibido ni una sola ayuda de la Administración del Estado», subraya Aburto.

Asimismo, recuerda al Ejecutivo de Madrid que «el problema no se soluciona poniendo dinero encima de la mesa». «Aunque el mantenimiento de cada menor cueste 3.000 euros al mes, hacen falta más recursos, más pisos y más personal», explica el diputado vizcaino de Acción Social.

Pone el acento, además, en que el Gobierno del PSOE está dispuesto a destinar más recursos económicos para mantener a los menores procedentes de Canarias, «pero no a los que vienen de otras comunidades».

Finalmente, la Diputación de Bizkaia reclamó al Estado que «asuma su responsabilidad y devuelva estos menores, en los casos que sea posible, con sus familias, que es donde deben estar, sobre todo los más jóvenes».

También hubo respuesta a Consuelo Rumí en la Diputación de Gipuzkoa, donde tildaron sus palabras de «falsas e inaceptables». Las enmarcan, pues, en un «intento de ocultar la nefasta gestión del Gobierno español en una cuestión que, el pasado mes de septiembre era una emergencia humanitaria, y una vez pasado el revuelo mediático se ha dilatado en el tiempo por su exclusiva responsabilidad».

Aunque en este territorio la saturación no es comparable a Bizkaia, también subrayan que «la capacidad de acogida de nuestros centros está sobrepasada». No obstante, recuerdan su disposición a acoger a más menores. Prueba de ello es el caserío de Lezo que abrirá sus puertas a finales de febrero para atender a diez menores procedentes de Canarias.

En cuanto a financiación, considera insuficiente la aportación de Madrid. «El abordaje de este fenómeno exige un marco de colaboración global y no ayudas económicas puntuales que son sólo parcheos», apunta.

Ninguno de estos argumentos convenció al Ejecutivo español. De hecho, ayer volvió a insistir en que «el Gobierno vasco no ha acogido en dos años a ningún menor y a ningún adulto trasladado de Canarias». «La solidaridad se demuestra con hechos», concluyeron desde la Secretaría de Estado de Inmigración.