Madrid – La coincidencia o simplemente la legislación, tal y como está
redactada, permitirá que el Gobierno dé papeles en 2007 a más inmigrantes
que en la mayor regularización que ha habido en España, la de 2005, en la
que se abrieron las puertas de la legalidad para 570.000 extranjeros.
   Coincidencia por el hecho de que justamente este año rumanos y búlgaros
hayan pasado a convertirse en ciudadanos europeos desde el 1 de enero. La
Administración calcula que 190.000 rumanos y 37.000 búlgaros que en 2006
no disponían de la documentación necesaria para estar en España han pasado
a convertirse automáticamente en residentes legales y les queda ahora la
posibilidad de conseguir permisos de trabajo después de cumplir con unos
confusos trámites que han suscitado todo tipo de críticas de los
ciudadanos procedentes de estos países del Este. Total: 227.000 pasarán a
lo largo de este año a tener toda la documentación necesaria para poder
trabajar. Y es que la Administración estima que más de la mitad de los
rumanos y búlgaros que se encontraban en España en 2006 estaban en
situación irregular.
   La legislación abre otros caminos para los
que se quedaron fuera de la regularización de 2005. Es la hora del
«arraigo», uno de los cauces hacia la legalidad que desarrolla el
reglamento de la Ley de Extranjería.
   El pasado 20 de diciembre,
el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ya dijo con claridad meridiana en
el Congreso que este año daría papeles a todo inmigrante que certificase
«arraigo» social. Es decir, a todos los que demuestren que están en España
desde hace tres años, tengan un contrato, familia en el país o en su
defecto presenten un informe del ayuntamiento de la localidad en la que
residan que acredite su inserción social. La Asociación Profesional de
Abogados de Extranjería de Madrid ya hizo una estimación: entre 400.000 y
600.000 podrían conseguir los papeles por esta vía. Con estos cálculos de
los abogados y si sumamos los rumanos y búlgaros que con convertirse en
europeos han conseguido un «atajo» hacia la legalidad, el año acabaría con
más de 600.000 regularizaciones, frente a las 570.000 que hubo con la
normalización que se puso en marcha hace dos años.
   Ángeles
Chinarro, portavoz de la Coordinadora de Abogados de Extranjería de
Madrid, explicó que la mayor parte de las solicitudes de «arraigo» se
producirán a partir del 8 de agosto. Entre otras cosas porque muchos de
los inmigrantes que quedaron fuera de la normalización porque no cumplían
el requisito para estar en España antes del 8 de agosto de 2004, este año
cumplirán los tres años que exige la ley para acogerse a esta vía.
   Ya lo decía la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, cuando
presentó la normalización de 2005. Puso sobre aviso de que el que no
pudiera beneficiarse de este proceso podría acogerse a otros
procedimientos una vez concluida la normalización.
   Cifras
negativas
   Quien se ha mostrado más pesimista sobre la situación que
se creará en España en 2007 es la secretaria de Política Social del PP,
Ana Pastor, quien ha augurado un «efecto llamada II» después de que en
agosto de 2001 se produjera el «efecto Caldera o llamada I», cuando el
Gobierno anunció que preparaba una regularización de inmigrantes. Para
Pastor, la gestión del Ejecutivo en materia de Extranjería acabó en 2006
con «más irregulares que nunca (1,5 millones), más muertos en patera que
en ningún año (600 fallecidos y 5.000 desaparecidos) y más de 35.000
entradas irregulares en cayuco y de miles por los aeropuertos y por los
Pirineos.
   Mientras, rumanos y búlgaros empiezan a resolver sus
trámites para conseguir el permiso de trabajo en el periodo transitorio
que se abre en España para ello. Ha sido necesario que se editen folletos
informativos que ofrecen preguntas y respuestas para aclarar su nueva
situación. Especial interés en este asunto ha puesto la Comunidad de
Madrid, ya que en esta autonomía tienen un peso importantísimo.
   Según los datos de los que dispone la Oficina Regional para la Inmigración
(OFRIM), en octubre de 2006, la población rumana empadronada en Marid
representaba el 15,08 por ciento del total de la población foránea. Es
decir, ocupaba el segundo lugar después del colectivo ecuatoriano
(17,38%), seguida de la marroquí (8,51%). Las tres nacionalidades
mayoritarias sumadas comprenden el 40,97 por ciento del total de la
población extranjera empadronada en esta autonomía.
   Además, ha crecido a un ritmo vertiginoso. Si comparamos los datos de
empadronamiento a 1 de enero de 2006 con los de octubre del mismo año, se
aprecia que la población de origen rumano ha aumentado en 42.393 personas
en sólo diez meses, lo que en términos porcentuales significa un
incremento del 41 por ciento.
   En cuanto a la población de
nacionalidad búlgara, se observa un aumento de 7.015 personas entre enero
de 2006 y octubre del mismo año. Es decir los ciudadanos de estos países
crecieron un 36,07 por ciento en tan sólo diez meses.
   Lentitud
administrativa
   Las mayores dificultades administrativas en el
régimen transitorio que se ha abierto para estos ciudadanos se encuentran
en los largos plazos de espera para conseguir la documentación. La
comisaría de General Pardiñas, que centraliza todo el proceso, está dando
citas ya para julio. Se da la circunstancia de que el tiempo de
tramitación de la tarjeta comunitaria (seis meses, cita y trámite en el
comisaría general) y el permiso de trabajo (nueve meses cita y trámite en
el área de trabajo de Madrid) suponen 15 meses de espera, lo que hace
inviable el disfrute del periodo transitorio y el ejercicio de sus
derechos como ciudadanos europeos.
   Mientras, la Policía ha detectado
un tránsito de rumanos y búlgaros similar al de meses anteriores por el
paso habilitado de la Junquera. «Seguimos registrando del orden de 900
diarios, la única diferencia es que ahora, en lugar de venir en autobús,
lo hacen en coche, y con toda la familia», explica el portavoz de la
Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán.
   Lo que sí han aumentado son las detenciones de ciudadanos de estos países
con orden de busca y captura. «Al convertirse en nuevos miembros de la UE,
se han anulado los expedientes de expulsión por estancia irregular en
España. Muchos creen que esta circunstancia también afecta a las
infracciones penales por comisión de delitos y algunos que se habían
marchado a su país porque en España estaban siendo buscados por la
Justicia, vuelven ahora creyéndose impunes, y es en la Junquera donde son
detenidos».