Casi 400 inmigrantes permanecen desde hace dos meses en el buque Marine I, que el día 4 se averió cerca de la costa mauritana. Ayer, el Gobierno aceptó el desembarco en Nuadibú de las personas «más vulnerables". Ya han aparecido los primeros casos de diarrea y fiebre.

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Un total de 372 personas, procedentes de Cachemira, Costa de Marfil, Birmania, Sierra Leona, Sri Lanka y Liberia llevan ya dos meses a bordo del carguero Marine I que zarpó de Costa de Marfil rumbo a las islas Canarias. Desde el pasado día 4, estaba averiado a quince millas de la costa mauritana, tras ser remolcado por un barco de Salvamento Marítimo español. Ni el Gobierno español ni el mauritano se quisieron hacerse cargo de la situación ni acoger a los inmigrantes. Ayer, la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega informó que Mauritania había aceptado el desembarco en el puerto de Nuadibú de las personas «más vulnerables», es decir, los niños.

El Consejo de Ministros aprobó también un Real Decreto por el que concede al país africano una ayuda extraordinaria de 655.000 euros para «reforzar sus fronteras y luchar más eficazmente contra la inmigración ilegal». De la Vega dijo que una misión de Guinea Conakry «identificará» a los ocupantes del buque para iniciar los trámites para «la repatriación a sus países de origen».

Sobre su estado de salud, el representante de la Media Luna roja mauritana en Nuadibú, Ahmedú Uld Hay, señaló que «no es inquietante». Sin embargo, ya han aparecido los primeros casos de diarrea y fiebre.

Añadió que el jueves les suministraron medicamentos, agua y comida y anunció que «una célula de crisis se reunirá para examinar la posibilidad de enviar médicos para atender a los enfermos». «Lo que más piden es poder desembarcar en cualquier sitio», subrayó Uld hay.

Organizaciones humanitarias han denunciado con contundencia la actuación del Gobierno de Zapatero. No obstante, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) le emplazó a actuar «urgentemente en cumplimiento de sus obligaciones» y que «asuma sus responsabilidades». Asimismo, rechazó la postura del Ejecutivo canario por calificar la situación de «falso debate humanitario».

Por su parte, SOS Racismo acusó a Madrid de ser «responsable de miles y miles de muertes que se producen como consecuencia directa de sus políticas de inmigración».

Remarcó que «la única preocupación» del Gobierno español es «despreocuparse». «Lo que intenta es no asumir ni el auxilio ni la protección de los inmigrantes», incidió.