Indignados por los atropellos y asesinatos que en la frontera norte del país se cometen contra los trabajadores mexicanos que emigran, no solemos poner la atención que merecen a los también graves abusos que en nuestro país se cometen contra los centroamericanos que siguen la misma ruta con igual fin. No hagamos en el sur, lo que no queremos que nos hagan en el norte.

En buena hora nos enteramos que la Secretaría de Gobernación frenó la normatividad ya autorizada por el nuevo gobierno en una firma exprés, para convertir las 45 estaciones migratorias existentes en el país en calabozos, con lo que se hubiera dado, en los hechos, trato de delincuentes a los migrantes.

La operación, calificada con el eufemismo burocrático de “endurecimiento de normas”, fue cancelada en el último momento por denuncias de organismos no gubernamentales, citados en información de EL UNIVERSAL el pasado lunes. La legislación ponía en entredicho el compromiso gubernamental con los derechos humanos, que en México no pueden quedar sujetos a interpretación.

Proteger la integridad de las personas, aun de aquellas que entran ilegalmente a nuestro territorio, no debe verse como indulgencia. Nosotros que también somos un pueblo de migrantes, sabemos que lo que no se puede hacer es criminalizar el hambre.

Tampoco somos ingenuos y es real que algunos indocumentados son delincuentes. El fenómeno del pandillerismo, conocido como maras, crece; los exhortos a usar “mano dura” contra ellos por parte de Estados Unidos y algunos gobiernos de Centroamérica deben igualmente acompañarse de una irrestricta protección de los derechos más elementales del ser humano, y de acciones complementarias que vayan más allá de la represión, para propiciar el abandono de adicciones y la eventual reincorporación social.

Uno de los problemas que ha sufrido la lucha antipandillas ha sido, justamente, la de sólo usar macanas y barrotes para desactivar bandas que surgen por complejas problemáticas políticas y económicas, y que requieren transformaciones sociales de fondo.

El ejemplo de la Suprema Corte de Justicia en un prronunciamiento garantista que exhorta a investigar los hechos de violencia ocurridos en mayo pasado en San Salvador Atenco, marcan el camino por el que el país debe transitar.

Hacer cumplir la ley no debe pasar por violarla. El monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado mexicano no está a discusión sólo que debe usarse bajo protocolos aceptados internacionalmente. Los policías también necesitan protección, el marco jurídico debe dárselas, pero no las complicidades corporativas.

El monitoreo permanente de organismos como Amnistía Internacional, pendiente de las violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del mundo, los exhortos de la Iglesia de Guatemala que nos pide, con fundamento, que no tratemos a sus feligreses como forajidos, y desde luego, el acompañamiento de la propia sociedad civil mexicana deben ser muy bienvenidos para no pedir afuera lo que no somos capaces de garantizar en nuestro territorio.