Jueces y fiscales de toda Mauritania han reconocido la necesidad de un cambio en la legislación a fin de lograr enjuiciar a traficantes de migrantes tras una reunión de una semana en la capital del país, Nouakchott, sobre cómo combatir el tránsito de la migración irregular de África Subsahariana a la Unión Europea.

La reunión, que congregó a funcionarios jurídicos superiores de Mauritania, expertos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del gobierno francés, se centró en adaptar la legislación penal con el objeto de enjuiciar a traficantes de personas en concordancia con las normas jurídicas internacionales.

Según los fiscales mauritanos que participaron, la única legislación existente a la que tienen que atenerse cuando traten de enjuiciar a los traficantes de personas son los artículos relacionados con el fraude y el uso de falsificación ya que el derecho mauritano no define actualmente la trata de personas como un delito.

En el seminario, organizado de manera conjunta por el Ministerio de Justicia, la OIM y el Servicio de Cooperación Técnica Internacional de Policía (SCTIP) de Francia, los participantes reconocieron la importancia de crear un marco jurídico a través de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos a la que Mauritania se suscribió en el 2005.

El uso de Mauritania como país de tránsito para la migración irregular a Canarias, a cuyas costas llegaron el año pasado más de 30.000 migrantes irregulares procedentes de África Occidental, ha resaltado las deficiencias de la legislación mauritana en vigor sobre migración.

Mauritania, junto con Senegal, Gambia y otros países de África Occidental han tenido un incremento de tránsito de migrantes irregulares a través de sus fronteras tras el cierre de las rutas tradicionales para la migración irregular hacia España por medio de Marruecos. Los expertos creen que varios miles de migrantes no sobrevivieron al viaje de más de 1.000 km. en botes de pesca a través del Océano Atlántico en el 2006.

Los participantes también expresaron la opinión de que Mauritania necesitaba una política de migración nacional delineando la manera en que el país intentó administrar la población extranjera en su territorio y el movimiento de personas a través de sus fronteras.

La OIM lleva a cabo su proyecto en cooperación con sus homólogos del Gobierno mauritano y el SCTIP, y armoniza con el ACNUR y la fundación española FIIAPP, las otras dos organizaciones a las que la Unión Europea les ha pedido asistir a Mauritania para mejorar la gestión de migración. La OIM y el SCTIP han organizado además un curso de una semana de capacitación en detección de documentos de viaje fraudulentos en la escuela de la policía nacional para policías y oficiales que trabajan en las fronteras.