LAS futuras promociones de VPO de la capital serán un reflejo fiel de la sociedad malagueña actual, una torre de Babel en la que habrá al menos una decena de nacionalidades y culturas representadas, aunque unidas por un denominador común: la necesidad de un hogar y las dificultades para conseguirlo en el mercado libre. Según las estadísticas del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) unos 1.400 residentes foráneos solicitaron una casa protegida. De ellos, un centenar constan como concesionarios principales o en la reserva. Esto es, poco más del 5% de las adjudicaciones.

Por lugar de procedencia, el grupo principal lo forman los latinoamericanos, con un total de 56 plazas. Éste fue también el colectivo más numeroso de peticionarios no nacionales, con 681 solicitudes visadas.

Le siguen los europeos, en su mayoría de fuera de la UE. En total, 19 personas están entre los elegidos, frente a los poco más de 300 que concurrieron inicialmente al sorteo.

Iguales resultados cosechó el colectivo de inmigrantes magrebíes (norte de África), con 19 representantes en la lista de afortunados, aunque el número de peticiones era más alto (con 358).

África subsahariana y Asia también tendrán representantes en las futuras promociones de viviendas públicas. Cuatro familias del primer grupo y dos del segundo están a la espera para poder estrenar su nueva residencia.

Se trata en todos los casos de familias arraigadas, empadronadas en la ciudad y que tienen su empleo y su vida aquí. Así lo expone la concejala de Vivienda, Mariví Romero. «Como mínimo para hacer la solicitud tenían que llevar dos años empadronados en Málaga. Son extranjeros, pero hacen su vida en la ciudad y hay que darles las mismas oportunidades y derechos. Son considerados ciudadanos de primera, así entendemos en el Ayuntamiento la política de inmigración», declara.

No crear guetos

Romero, quien también es edil de Bienestar Social, se muestra abiertamente en contra de crear viviendas específicas para inmigrantes – una opción que, a su juicio, se planteaban la Junta y el Gobierno central – por el riesgo de que se conviertan en guetos, y a la que el Consistorio malagueño ya se opuso en la Federación Española de Municipios. «Creemos en la integración, con los malagueños y en los mismos barrios. Si los unes en un mismo sitio no es por sí un problema, pero puede causar rechazo social; ya hay experiencias negativas en España».