La tierra de nadie laboral en la que se mueven cuatro de los tripulantes venezolanos del Caridad C , el buque interceptado el 2003 con tres toneladas y media de cocaína a bordo, está lejos de constituir una excepción. Muy al contrario, en abril del año pasado un centenar de extranjeros esperaban juicio en España por causas relacionadas con el narcotráfico. Su situación es la misma que la de los cuatro hombres que sobreviven como pueden en Vilagarcía: «Un total desamparo por parte das distintas Administracións».


La denuncia llegaba ayer desde Cáritas Interparroquial de Arousa, la oenegé que se las ve y se las desea para que esta gente acceda cada día a un plato caliente. Los verdaderos organizadores de los alijos buscan a quienes físicamente transportarán la mercancía en las capas sociales peor situadas de áreas geográficas ya de por sí deprimidas. Así, lo más habitual es encontrar entre las tripulaciones detenidas a africanos (ghaneses, senegaleses o caboverdianos), sudamericanos (ecuatorianos, en este caso venezolanos) o ciudadanos de la Europa del Este.


También en el 2003, sin ir más lejos, caía el South Sea , con uno de los mayores alijos de cocaína incautados en Europa: más de seis toneladas. Con él viajaban cinco ucranianos, que continúan en España aguardando la apertura de una vista que se presume inminente, pero todavía no ha comenzado.


Cáritas lamenta que «mentres o Ministerio de Traballo autoriza a estas persoas a traballar durante a súa estadía nos centros penitenciarios, ao saír, a pesares de ter cotizado á Seguridade Social e ter dereito ao subsidio de excarcelación, o feito de non ter permiso de traballo impide que teñan acceso ao mesmo». Más graves son las penurias de quienes, encontrándose en libertad provisional a la espera de juicio, ven imposible obtener autorización para trabajar.


Cáritas, en consecuencia, insta a las administraciones competentes en materia de extranjería a buscar una solución. En este sentido, el patrón del Caridad C puntualizó ayer que ni él ni sus hombres han declarado jamás haber recibido dinero por cruzar el Atlántico. El cálculo sobre un hipotético pago de 50.000 o 60.000 euros se basa en el modus operandi y las cantidades con que los clanes suelen sobornar a las tripulaciones, no en declaraciones de ninguno de los cuatro venezolanos.