ROSA MARI SANZ
BARCELONA

Legalmente poco pueden hacer los ayuntamientos ante casos de sobreocupación de pisos y evitar situaciones como la que se ha vivido este fin de semana, con problemas de convivencia con ciudadanos de origen rumano en el barrio de La Salut de Badalona. La alcaldesa de esta localidad, Maite Arqué, lamentó ayer que el municipio solo puede actuar a través de la mediación comunitaria y pidió una rápida aprobación de la ley autonómica de vivienda.
Con ella, Catalunya tendrá una normativa que controlará el fenómeno de los pisos patera y permitirá actuar en casos como el de la calle de Pau Piferrer, donde han sido los vecinos los que han acabado echando a las familias, una de las cuales tenía contrato de alquiler.
La normativa, que se aprobará en verano si se cumplen las previsiones del Govern, establecerá por primera vez límites y condiciones de ocupación de una vivienda para que sea considerada habitable. Asimismo, sus propietarios estarán obligados a conservar en buen estado los pisos. Pero lo más importante, se multiplicarán las inspecciones para evitar que inmuebles que carecen de la cédula de habitabilidad puedan ser alquilados o vendidos. Entre estos, por ejemplo, bajos y trasteros que entran en el mercado inmobiliario como minipisos.

PROGRAMAS DE INSPECCIÓN
La ley, además de contemplar la puesta en marcha de programas de inspección, abrirá expedientes administrativos con sanciones a los propietarios. Las habrá casi millonarias. Si se considera un caso muy grave, es decir, con riesgo para la seguridad de los alojados, se estipulan sanciones de hasta 900.000 euros. Si es grave, o sea, que promueve el hacinamiento, el dueño deberá pagar una multa que podrá ascender a los 90.000 euros. Una vez detectada la sobreocupación, la Administración deberá establecer protocolos de atención y acogida temporal de las víctimas.
Pero hasta que la ley esté en vigor, los ayuntamientos solo pueden actuar cuando se comprueba la ilegalidad, tanto por el hecho de utilizar bajos o locales comerciales como vivienda -que se detectan por el padrón o denuncias vecinales-, o pisos que funcionan como pensiones encubiertas y carecen, por tanto, de licencia de actividad. En Barcelona, por ejemplo, en el 2006 se cerraron 15 pensiones ilegales, en un año donde se detectaron 741 pisos con más de 10 personas empadronadas.
Sin embargo, el gerente del instituto Municipal de Urbanismo, Ricard Frigola, matizó ayer que en muchas ocasiones son casos de sobreempadronamiento, que no sobreocupación. Y puso como ejemplo que en el 2005, cuando el proceso de regularización, muchos pisos se utilizaban para empadronar a los inmigrantes cuando llegaban. Ese año se identificaron más de 1800 viviendas con más de 10 personas inscritas.
En la capital catalana, el procedimiento que sigue el ayuntamiento, una vez detectada la posibilidad de un piso patera a partir del padrón es remitir a los domicilios la verificación de los datos. Si persisten, realiza una inspección, de la misma manera que actúa si se producen denuncias vecinales por molestias.
En total, en el 2006 hubo 300 inspecciones y el municipio actuó de oficio y precintó 13 pensiones ilegales en Ciutat Vella y dos en Sants- Montjuïc, los distritos con más casos de hacinamiento. En el resto, por mucha sobreocupación que haya, a no ser que se descubran situaciones infrahumanas, que son derivadas a los servicios sociales, no se puede hacer nada. “Puede haber dos familias de siete miembros cada una que decidan vivir juntas”, explicó Frigola, quien también confió ayer en que la ley de vivienda dará más alas para luchar contra los pisos patera.