Silvia Núñez Gasteiz
HAN PASADO ya cuatro meses desde que el Gobierno de Canarias solicitó ayuda para atender a los menores que llegan a las islas en cayucos sin la compañía ni la protección de personas adultas. Cuatro meses en que los recursos sociales siguen saturados y en los que aún no se ha llegado a ningún consenso interinstitucional para la atención de este colectivo desprotegido. Es en este contexto en el que se celebrará hoy el Consejo Superior de Políticas Migratorias en Madrid, al que acudirá el director de Inmigración, Roberto Marro, en representación del Gobierno vasco. Sobre la mesa de debate estará, precisamente, el traslado de menores inmigrantes desde Canarias hasta la península y su posterior acogida.

Consciente de que las competencias de la atención a estos menores recae en las diputaciones vascas, Marro instará a llevar esta discusión a otro foro en el que sí están representadas las tres instituciones forales: la Comisión Interautonómica de Familia e Infancia, dependiente del Ministerio de Trabajo.

No obstante, más allá de la necesidad de que las tres diputaciones participen en la toma de decisiones sobre la tutela de los menores, el Gobierno vasco insistirá también en la importancia de elaborar un plan global sobre esta materia. No en vano, aún no existe ningún estudio con las cifras concretas de menores acogidos en cada comunidad ni los recursos con los que cuenta cada territorio para su atención.

A falta de conocer la capacidad exacta de los recursos de atención a estos jóvenes, las tres diputaciones vascas dibujan un panorama desesperanzador: las plazas no son suficientes para atender toda la demanda, que sigue en aumento.

El problema más grave se vive en Bizkaia. Según informan desde la Diputación, «seguimos por encima de nuestras posibilidades, ya no caben más, estamos saturadísimos». Asimismo, recuerdan que «el ratio de menores inmigrantes que atendemos es muy superior al de otras comunidades».

Gipuzkoa anuncia 10 plazas

Mejores noticias ofrecen desde la institución foral guipuzcoana, donde anuncian la apertura de un caserío en Lezo con capacidad para ocho o diez plazas, que se destinará exclusivamente a extranjeros procedentes de las islas Canarias.

Si se cumplen las previsiones, este recurso que actualmente se encuentra en obras podrá abrir sus puertas a finales de este mismo mes de febrero. De esta manera, el total de jóvenes inmigrantes no acompañados atendidos por la Diputación de Gipuzkoa ascenderá a 111.

Todos ellos se reparten en centros o pisos de acogida de la red foral, así como en servicios de acogida de urgencia o incluso en pensiones alquiladas por el Departamento de Política Social que hacen la labor de recursos transitorios, ante la saturación de las plazas fijas.

También en Araba han tenido que acudir a centros provisionales ante la falta de consenso sobre el lugar más adecuado para acoger a los menores procedentes de otros países.

Actualmente, hay 54 jóvenes viviendo en recursos habilitados por la institución foral, 38 de los cuales llegaron a lo largo del año pasado al territorio alavés.

Muchos de ellos están tutelados en hogares específicos para ellos, pero también hay otros que conviven con menores locales. Asimismo, la Diputación alavesa reconoce que el último centro habilitado para este colectivo «no reúne las condiciones adecuadas». «Se pensó como algo provisional pero se está utilizando como un recurso permanente», explican desde el Departamento de Asuntos Sociales.

La razón que aporta esta institución para explicar la falta de plazas reside en el desacuerdo político. Concretamente, mientras las Juntas Generales instaron a la Diputación a habilitar un centro en Gasteiz para acoger a doce menores procedentes de Canarias, el Gobierno sigue defendiendo la necesidad de instalar el hogar en un centro rural.

Una tesis que se ha visto desmontada en dos ocasiones por los ayuntamientos afectados. Tanto los responsables municipales de Nanclares como los de Pobes rechazaron la instalación de un hogar para menores extranjeros en sus pueblos.