LAURA VILLENA. SERVICIO ESPECIAL. BRUSELAS. La Comisión Europea advirtió ayer a Holanda que tendrá que rendir cuentas sobre uno de los ovillos más difíciles de deshacer en el país desde hace meses: la regularización de cerca de 20.000 inmigrantes que viven en Holanda desde antes de 2001. Este año entró en vigor una estricta Ley de extranjería elaborada por la ministra de Inmigración, Rita Verdonk, conocida como «Rita de hierro» por su mano dura en las cuestiones migratorias, quien pretendía la aplicación de ley con carácter retroactivo.

La advertencia de Bruselas coincidió con el anuncio en el Parlamento de La Haya de la nueva coalición de Gobierno, formada tras las elecciones del pasado 22 de noviembre. El nuevo Gobierno de centro izquierda, que estará compuesto por el Partido Demócrata – cristiano, liderado por el actual Primer Ministro, Jan Peter Balkenende, el Partido Laborista y un pequeño partido cristiano de inspiración calvinista, ha puesto fin a la polémica y pretende otorgar la nacionalidad holandesa a los 20.000 inmigrantes , siempre y cuando demuestren que han vivido en el país desde 2001 y de que no tienen antecedentes penales.

La amnistía general que se avecina en Holanda ha recordado en Bruselas a la aprobada en abril de 2005 en España, cuando Zapatero regularizó a 600.000inmigrantes y destapó la caja de los truenos en la UE, obligando a la creación del llamada «mecanismo de información mutua».

Según este mecanismo, los países de la UE tienen que informar al resto de países y a la Comisión Europea de las decisiones tomadas en materia de inmigración y asilo que puedan tener un «impacto significativo» en el conjunto de la UE. Así, en virtud de este mecanismo, el portavoz del comisario europeo de Interior, recordó ayer desde Bruselas que el nuevo gobierno holandés deberá informar al resto de la UE de su intención de llevar acabo una regularización.

No obstante, en un país como Holanda, que en estos momentos se siente perdido en la UE de veintisiete miembros como quedó patente con el «no» al Tratado Constitucional europeo, la reacción de Bruselas a una de las cuestiones que centran el nuevo programa de gobierno puede no tener demasiados efectos. La nueva coalición acordó, además, que no celebrará de nuevo un referendum sobre el Tratado Constitucional e insistió en que el nuevo texto debe aclarar las competencias que corresponden a Bruselas.