El informe presentado ayer por el Defensor del Pueblo y Unicef España sobre la convivencia escolar y la violencia en las aulas muestra una mejoría en la mayoría de los capítulos estudiados, aunque en un grado tan discreto que sus autores reiteran las recomendaciones de años anteriores. Si bien las víctimas de las agresiones más frecuentes – las verbales – han descendido, no ocurre lo mismo con las amenazas graves o las actitudes de rechazo y exclusión, que afectan a casi un tercio de la población escolar y que al presentarse habitualmente bajo una actitud tan sutil y en apariencia inocua como la de ignorar al otro – porcentaje que llega al 20% de los alumnos inmigrantes – hacen más difícil su detección. El estudio cruza dos datos que concluyen en un alarmante diagnóstico. Por una parte, el 10% de quienes sufren acoso o marginación o bien no lo cuentan a nadie o sólo lo hacen con sus amigos; por otra, aquellos que se confiesan autores de algún tipo de abuso o desconsideración eleva en diez puntos la cifra anterior. Es decir, para los escolares resulta menos costoso socialmente declararse agresor que agredido. Este problema constituye ya para los profesores el tercero en orden de importancia por detrás de la falta de implicación de los padres en la enseñanza y de las dificultades de aprendizaje de los alumnos. Los comportamientos violentos entre iguales en los centros educativos generan siempre la lógica inquietud sobre cómo encararlos sin empeorar la situación al intentar, precisamente, encontrarles solución. No caer en una tutela exagerada es tan importante como evitar la negación de una realidad que tantas veces resulta lacerante. El maltrato debe ser afrontado teniendo en cuenta la percepción subjetiva de quienes lo padecen – una humillación no es igual en la infancia que en la madurez – y con la certeza de que sus manifestaciones más crueles tuvieron siempre un germen que pudo pasar desapercibido al no haberse mostrado a los ojos del profesorado.

Cualquier medida, tanto preventiva como correctora, debe contemplar mecanismos de autoestima e integración social del afectado. El combate contra la violencia en las aulas se libra en unos márgenes sumamente delicados y se ve perjudicada por la relajación de valores sociales de convivencia y mutua consideración. No ayuda que la figura del profesor como garante del respeto en las aulas se haya ido diluyendo, no tanto porque se le haya restado herramientas para imponer su autoridad como por su cuestionamiento profesional por parte de unos padres que, en muchos casos, se sienten en condiciones de discutir los criterios pedagógicos y didácticos de los docentes, mientras sobreprotegen a sus hijos.