San Diego, EE.UU. / Poco a poco empezaron a llegar. Junto a las vallas de metal que forman el muro que separa a México de EE.UU., autos y camionetas empezaron a detenerse, en la garita de San Ysidro-Tijuana en la frontera con México.

Desde la línea, agentes de la Patrulla Fronteriza, simpatizantes de los Minuteman, activistas y defensores de los derechos humanos, todos fueron testigos del inicio de la Segunda Marcha Migrante, que durante los próximos 14 días recorrerá la frontera de estos dos países para recoger el testimonio de los migrantes, sus familias y quienes buscan una reforma migratoria “justa e incluyente”, informó el diario La Opinión.

Cerca del punto en el que el año pasado murió Óscar García Barrios debido al disparo de un oficial de la Patrulla Fronteriza, se colocó una cruz en memoria del joven, se hizo una oración y una pequeña ceremonia para señalar la partida de la caravana.

“El propósito de esta marcha es reunir los testimonios para que aquellos en el Congreso que están indecisos sobre la reforma migratoria puedan tomar su decisión después de escuchar estas historias, dijo Enrique Morones, director de la organización Ángeles de la Frontera, mientras explicaba que las historias recopiladas a lo largo de la frontera serán llevadas a Washington una vez que inicie el debate.

La Marcha Migrante llegó el viernes a la frontera entre Caléxico y Mexicali para colocar cruces en memoria de los migrantes caídos. Tras pasar la noche en Yuma, la caravana se dirigió hacia Phoenix, donde ayer participó en la convención nacional de activistas que se celebró en esa ciudad.

Buscan retirar derechos

Una propuesta de ley que se debate en Texas pretende retirar todos los beneficios estatales a los ciudadanos hijos de migrantes indocumentados, lo que puede provocar fuertes reacciones, señaló el procurador del condado de El Paso, José Rodríguez.

El proyecto legislativo pide que el estado no reconozca la ciudadanía de las personas nacidas en EE.UU. de padres indocumentados. De esta forma, los afectados seguirían recibiendo beneficios federales, aunque perderían los estatales como el derecho a educación pública, trabajo, obtención de licencias o programas de vivienda. – EFE.