Albert Batlle dirige los servicios penitenciarios y de rehabilitación de la Administración catalana por segunda legislatura consecutiva. Desde su cargo, contempla la «hipermasificación» de las prisiones con gran preocupación. La apuesta del Departament por la rehabilitación de los delincuentes choca con una legislación que se olvidó de dotar de un presupuesto ajustado a su función y que a golpe de reformas aumenta la presión penal sobre los ciudadanos.

Pregunta. – El Departament de Justícia impulsó la aplicación de medidas penales alternativas para que se cumplieran condenas fuera de la cárcel, pero eso no las ha vaciado, al contrario, la población reclusa sigue aumentando.

Respuesta. – Cada vez hay mayores medidas de control social penal sobre la población. Estas medidas han crecido exponencialmente.La alcoholemia y la violencia doméstica son dos temas básicos que explican este incremento, y de hecho se disparan las demandas en el año 2004 y 2005, coincidiendo con las modificaciones legislativas, y hemos pasado de las 67 demandas recogidas en 1996 a las 5019 de 2006. En la mayoría de casos, las medidas penales alternativas, cursos formativos o trabajos en beneficio de la comunidad, son asignadas en sentencia por el juez. Y el 40,94 % son por infracciones de la conducción y el 27,75% por violencia doméstica.

P. – Más presos y más medidas penales.

R. – Sí, y el legislador no ha previsto el impacto presupuestario que el incremento de medidas penales alternativas implicaría, como no lo previó respecto al incremento de población reclusa.Ni siquiera lo ha organizado, por eso creamos la nueva Direcció general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia juvenil, que trasplanta el modelo que instauramos de forma pionera en justicia juvenil, y por otra parte, da respuesta a este principio de responsabilidad colectiva por el cual has de ejecutar la medida en el entorno donde has cometido la infracción para reinsertarte.El resto de instituciones se han de implicar, prestar un catálogo de medidas y participar en su seguimiento. Este modelo se creará a partir de la Agència Catalana d’Execució Penal en la Comunitat.

P. – ¿Se puede llegar a un colapso en la prestación de medidas penales alternativas?

R. – Continuamos teniendo listas de espera, de hecho un 30% de medidas están pendientes de ejecución. Con todo, no es un dato preocupante, porque para empezar quienes las han de cumplir no tienen conductas de grave conflictividad y además se priorizan las actuaciones en función de la gravedad.

P. – ¿Cómo incide el fenómeno de la inmigración en la aplicación de medidas penales alternativas?

R. – En la mayoría de casos, las medidas penales alternativas son asignadas en sentencia por el juez, y raramente se sustituye una pena de prisión, a no ser que el delito no sea muy grave y haya un buen cojín social. En las prisiones tenemos un 37,5% de extranjeros pero en medidas alternativas la cifra es sólo del 23,14%. En caso de duda, los jueces envían a prisión. Los datos de los que disponemos apuntan que los extranjeros se someten a más medidas alternativas por malos tratos que por delitos contra la seguridad del tráfico, al revés que entre los españoles. Está claro que es un fenómeno cultural, y nos ha de llevar a la reflexión para buscar mejores políticas.

P. – ¿Y qué clase de medidas se imponen a los maltratadores?

R. – Básicamente, les obligamos a participar en programas de formación y en trabajos en beneficio de la comunidad. Puede tener 20 horas de colaboración en un casal d’avis ayudando a dar de comer a los ancianos, y un programa formativo de control emocional con psicólogos, por ejemplo.

P. – ¿Es éste el camino para rehabilitar a los maltratadores?

R. – Si dos años después de haber entrado en vigor la Ley de violencia doméstica resulta que ha aumentado el número de víctimas, quiere decir que algo falla. – si después de que se hayan instado tantas medidas de endurecimiento de las conductas de tráfico, se hubiese disparado el número de muertos en las carreteras diríamos que nos hemos equivocado. En determinado tipo de delitos, se han de aplicar medidas muy concretas. Tanto en el tráfico como en la violencia doméstica.

P. – ¿Qué más se puede hacer para mejorar el pronóstico de reinserción?

R. – Existe una experiencia en Inglaterra sobre la que tendríamos que reflexionar, se trata de una medida de control que consiste en el seguimiento de por vida. Es para agresores sexuales. Eso podría ser interpretado como inconstitucional, pero imaginemos una sujeción voluntaria a un programa de estas características, un tipo de contrato.

P. – Medidas así pueden generar suspicacias…

R. – Las prisiones están saturadas. La manutención y vigilancia de cada recluso cuesta 64 euros al día, ¿estamos dispuestos a mantener un sistema tan penitenciarista? En 1983 en España estábamos a 37 internos por cada 100.000 habitantes. Ahora estamos a 146.En Inglaterra y Gales, con una población reclusa similar, cuentan con unas 250.000 personas sometidas a medidas penales alternativas, de seguimiento, de prueba. Vamos a un sistema de control social penal que es posible que a corto plazo no tenga techo. Por eso hemos de dotarnos de un instrumento para hacer frente a este tipo de crecimiento. La política penitenciaria es una política social de carácter paliativo fruto del fracaso de otras políticas sociales. La mediación, las medidas preventivas, han de ser la apuesta del Gobierno.

P. – Pero hay casos en que no se puede recurrir a la mediación.

R. – Hablamos de actuar antes de que sea demasiado tarde. Pondré un ejemplo. En Sant Vicenç de Castellet, unos skins habían creado problemas de convivencia con la comunidad musulmana. A través de un equipo de mediación de Serveis Penitenciaris, pudieron encauzar el conflicto, antes de que fuera a más. Otros 14 Ayuntamientos reciben asesoramiento de Justícia para situaciones así. Este es el camino.