Por más que la propia Administración General del Estado lanzase a finales de los años noventa campañas como la titulada ‘De inmigrante a ciudadano: Empadrónate’ o Resoluciones como la suscrita el 4 de Julio de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Director General de Cooperación Territorial, instando a los Ayuntamientos a actualizar sus Padrones incluyendo en los mismos “a todas las personas que habitan en un Municipio, sean nacionales o extranjeras, tengan o no regularizada su situación legal”, esta orden nunca ha sido de aplicación estricta ni en Ceuta ni en Melilla.

A la vista del posicionamiento local sobre el asunto de organizaciones sociales como CCOO, que también se ha manifestado públicamente a nivel nacional contra trabas similares en otros Consistorios [el de Madrid especialmente], las ‘peculiaridades’ locales justifican sobradamente la aplicación de determinadas “artimañas administrativas”, como las ha calificado SOS Racismo, para vetar el empadronamiento de extranjeros sin tarjeta de residencia.
“Ceuta y Melilla niegan sistemáticamente desde siempre el empadronamiento de cualquier inmigrante que no acuda al Padrón Municipal con su tarjeta de residencia en vigor”, ha denunciado en reiteradas ocasiones el presidente de PRODEIN, José Palazón. Así, ambas Administraciones no sólo impiden temporalmente el acceso de este colectivo a determinados derechos que asisten a cualquier empadronado (sobre todo la asistencia sanitaria y la escolarización), sino que trazaban un círculo vicioso perfecto y sin salida: sin Permiso de Residencia el inmigrante no puede empadronarse y sin empadronamiento no podrá obtener su Tarjeta.

“Serias discrepancias”

SOS Racismo también a puesto en la picota esta política, tanto en Ceuta y Melilla como en Madrid. Según Diego Lorente, asesor jurídico de la oenegé, esta negativa a la inscripción en el Padrón “contraviene la Ley de Bases de Régimen Local, que señala claramente que un indocumentado tiene derecho a empadronarse si puede identificarse y presentar una dirección donde se le pueda encontrar para recibir las cartas del Ayuntamiento”.
“No es que le digamos que no, pero le explicamos que va a ser muy difícil que pueda quedarse aquí. Si el inmigrante pide empadronarse y, a pesar de todo, insiste y paga las tasas, se le admite la solicitud, cuyos datos se trasladan a la Policía Local para que los compruebe”, explicó en mayo pasado un responsable de Estadística de la Asamblea, aunque según Lorente, “la Policía sólo puede acceder al Padrón si tiene una orden judicial que se lo permite”.

En febrero de 2006, pese a las denuncias en ese sentido de PRODEIN y SOS Racismo [que en Ayuntamientos como el de Vitoria ha conseguido empadronar personas incluso bajo un árbol], el Gobierno ceutí negó haber dado órdenes políticas para solicitar requisitos “insuperables” como la tarjeta de residencia a los inmigrantes para empadronarlos.