La Iglesia exige garantías en la acogida de los menores inmigrantes de Canarias

El presidente de la Conferencia de Religiosos negó ayer que exista un acuerdo con el Gobierno para la acogida de inmigrantes, porque todavía se está negociando. Por este motivo no se han efectuado todavía los traslados a la Península de los 400 chicos que están en centros de emergencia en las Islas.

El Día, 31-01-2007

El presidente de la Conferencia de Religiosos (CONFER), Alejandro Fernández Barrajón, negó ayer que exista un acuerdo con el Gobierno para la acogida de inmigrantes, precisó que se está negociando y que una de las condiciones es la de garantizar el futuro social y laboral de los menores.

Durante una rueda de prensa, Fernández Barrajón indicó que tras la petición de ayuda por parte del Gobierno a la Iglesia católica para la acogida de menores inmigrantes que se encuentran en Canarias, se están manteniendo negociaciones en esta línea.

El presidente de CONFER, agregó que se trata de un “tema muy puntual” y que, desde el primer momento “la Conferencia Episcopal, Cáritas y CONFER han querido responder positivamente a esta petición”, y “en estos momentos estamos en proceso de diálogo”.

Desde Canarias

Barrajón señaló que se está dialogando con la Administración, y que se trata de unos 900 menores inmigrantes, aunque lo más urgente es atender a unos 250 de ellos que pasarían enseguida a la Península desde Canarias.

Dijo también que la próxima semana se mantendrá otra reunión y que los religiosos exigen “unas garantías mínimas de continuidad para esta acogida de menores que no es una novedad para nosotros, una garantía de que se van a respetar sus derechos, lo que en algunos casos no ocurre actualmente, y de que se va a asegurar su legalización”.

Sin esa garantía de continuidad en el proceso de acompañamiento y hasta que sean mayores, y de que se les ofrezca un futuro formativo y laboral, “no entraríamos a la acogida”, porque “estamos viendo situaciones difíciles en torno a derechos humanos de los menores”.

Esta es una de las trabas para que se lleve a cabo la promesa del Gobierno central de trasladar enseguida a los 400 menores que no pueden permanecer en Canarias tras llegar en cayuco, aunque sigan tutelados por la Comunidad Autónoma mientras sean formados por entidades religiosas en la Península, tal y como propuso el Ejecutivo canario.

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