EL borrador del Decreto que regulará los criterios para elegir centro nos pone ante dos polémicas que sin ser nuevas parece que no han encontrado una solución: si los emigrantes son un problema o una carga en las aulas, y cómo se regula la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales entre los centros concertados y públicos.
Podemos considerar que cualquier alumno que por alguna circunstancia exija una atención especial y una mayor dedicación de los recursos del centro complica su funcionamiento. Si bien decir que son un problema o una carga no es la mejor forma de referirse a ellos, es verdad que teniendo en cuenta los medios con los que se dispone suponen un recorte en la atención a la mayoría de los alumnos. En este grupo de alumnos que demanda una atención especial podemos situar a los «objetores escolares» que acuden a clase sin material y sin ninguna gana de hacer nada, a los alumnos que promocionan con casi todas las materias suspendidas por no poder volver a repetir, a los que presentan problemas de conducta y generan conflictos en el aula, a los repetidores con materias que no han aprobado desde hace varios cursos y a toda una gran variedad de casos que por diversos motivos no sólo no siguen el ritmo normal de su clase sino que lo ralentizan, incluidos aquí una parte de los alumnos emigrantes.Si nos centramos en estos últimos, aunque hay muy honrosos casos de niños y jóvenes emigrantes que al año de haber llegado a España sin conocer el idioma siguen el ritmo de su curso y redactan en castellano mejor que muchos autóctonos, es frecuente que por desconocer nuestra lengua o por tener un nivel más bajo que el curso en el que están escolarizados requieran recursos adicionales. Si atendemos a su lugar de escolarización, tanto una primera impresión como los datos objetivos constatan que la escolarización de estos alumnos que requieren una atención especial no es proporcional entre los centros públicos y concertados, y es responsabilidad tanto de la Administración como de los propios centros que esto no sea así.

La legislación establece como uno de sus aspectos relevantes que los alumnos con necesidades educativas especiales se distribuyan de forma equilibrada tanto en los centros públicos como concertados, y la Administración debe establecer las normas necesarias para su cumplimiento. Por su parte algunos centros concertados deben asumir que el estar financiados con el dinero de todos trae consigo responder junto con los centros públicos a las necesidades de la sociedad, entre las que se encuentran escolarizar a los niños que demandan una atención especial. Algunos de estos centros – en principio gratuitos y abiertos a todos – con la excusa de unas extraescolares obligatorias, ropa deportiva o uniforme del centro o el pretexto de que es mejor que repita en la escuela pública que tiene más medios, deja fuera de sus aulas a alumnos con pocos recursos o con problemas. Por otro lado, resulta llamativo e incluso decepcionante que muchos de los centros más elitistas, es decir que excluyen de sus aulas a los alumnos más necesitados educativa, económica o socialmente, sean centros confesionales, centros que supuestamente trasmiten unos valores que se contradicen con su práctica. Incluso desde una perspectiva puramente educativa, la escuela debe de ser ante todo «escuela para la vida» y unos centros homogéneos, selectos y exclusivos es decir, sin ningún alumno emigrante, musulmán o incluso repetidor es un falseamiento de la realidad que va a dificultar al alumno su integración en la realidad y va a ser para la sociedad una fuente de conflictos.

José M. Marco Ojer es profesor de Filosofía

(josemmarco@gmail.com)